El Gobierno español ha aprobado un nuevo paquete militar de 16.720 millones en una sola semana
El Consejo de Ministros del 25 de noviembre autorizó 10.819 millones extra sin debate parlamentario, un paquete de gasto militar equivalente al presupuesto anual de varias comunidades autónomas.
El Gobierno español ha autorizado en una semana contratos militares por 16.720 millones de euros, uno de los mayores volúmenes de gasto militar aprobados en un periodo tan breve, según la información publicada por Diario Red y confirmada por las resoluciones del Consejo de Ministros del 26 y 28 de noviembre. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde primero a contratos valorados en 5.910 millones y, dos días después, a otros 10.819 millones destinados a programas de "modernización de fragatas, sistemas de misiles, vehículos blindados, radares y acuerdos de abastecimiento a largo plazo". La mayoría ellos son contratos plurianuales que se extenderán más allá de esta legislatura y beneficiarán directamente a grandes contratistas como Navantia, Indra, Escribano o Airbus, a algunas de las cuales ha inyectado recientemente más de 14.000 millones de euros en préstamos al 0% de interés.
El Gobierno español está pisando el acelerador al aumento del gasto militar que ordena la OTAN. Mientras tanto, numerosas universidades, centros sanitarios y servicios sociales padecen serios problemas de infrafinanciación, con recortes directos o encubiertos. Ademas, la ejecución de este histórico y acelerado gasto militar se está produciendo sin nignún debate parlamentario ni control democrático significativo, puesto que Moncloa realiza estas ampliaciones de presupuesto militar reasignando fondos. Esto se debe a la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, el escaso control democrático del activismo presupuestario militar de la Moncloa contrasta con sus dimensiones: el volumen del gasto aprobado en una semana equivale al presupuesto anual completo de varias comunidades autónomas, evidenciando una redistribución de recursos públicos desde otras partidas presupuestarias hacia la industria militar. El Gobierno justifica las inversiones como "necesarias para garantizar la seguridad, reforzar las capacidades estratégicas y apoyar a la industria nacional". Sin embargo, el proceso se realiza mediante decisiones administrativas aceleradas, sin deliberación pública ni escrutinio social de las prioridades.
Este paquete consolida la transformación del Estado español en un actor militar relevante dentro de la carrera armamentística europea, siguiendo directrices de la OTAN y el programa SAFE de la UE. La velocidad y opacidad de las autorizaciones muestran la subordinación de la política económica a los intereses del complejo industrial-militar y las prioridades estatégicas de EE.UU. y la OTAN, mientras se recortan partidas sociales y se postergan inversiones en servicios públicos esenciales.
