Sánchez lleva aprobados más de 60.000 millones en gasto militar a golpe de 'decretazo' y evitando el debate parlamentario
Moncloa cuadruplica el gasto militar al 2,1% del PIB usando decretos que evitan el Parlamento, con socios que "critican" pero consienten y partidos que escurren el bulto por empleo industrial.
Con el último paquete militar aprobado la semana pasada, el Gobierno español ya ha comprometido más de 60.000 millones de euros en gasto militar desde 2018 mediante acuerdos del Consejo de Ministros, un mecanismo que ha permitido sortear el debate parlamentario y el techo formal del presupuesto de Defensa, estancado en torno a 14.000 millones anuales por la falta de Presupuestos Generales. Según la investigación de La Vanguardia, estas autorizaciones extraordinarias — con programas de fragatas F-110, drones Euromale, satélites PAZ II y cazas Eurofighter financiados hasta 2042— han sido la herramienta para acelerar el rearme español sin necesidad de aprobación en las Cortes. Los socios de Gobierno, antes Unidas Podemos y actualmente Sumar, mantienen una oposición verbal irrelevante que consienten tácitamente mientras se mantienen en el el Gobierno.
La estrategia ha permitido al Ejecutivo en minoría cuadruplicar prácticamente el esfuerzo militar —del 0,92% del PIB en 2014 al 2,1% comprometido para 2025—, todo ello sin enfrentarse a votaciones comprometidas y aprovechando que partidos con intereses industriales en sus territorios, como EH Bildu, han "escurrido el bulto", según recuerda La Vanguardia.
El PP, que no está en contra del rearme en sí, ha registrado una proposición de ley para exigir control parlamentario sobre estos créditos, denunciando "opacidad absoluta", mientras el Centre Delàs señala que decisiones que implican "doblar el presupuesto militar tendrían que haber pasado por el Congreso".
Los fondos se concentran en la gran industria militar (Navantia, Indra, Airbus, a la que Moncloa riega con subvenciones encubiertas en forma de préstamos públicos a interés cero y proyectos europeos como el caza FCAS o el dron Euromale. Destacan programas como la renovación de misiles Spike —aparentemente "suspendida" para buscar "alternativas" a la tecnología israelí—, los 4.325 millones para cinco fragatas F-110 o los 2.100 millones para vehículos blindados Dragón. Las partidas se dispararon tras el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania en 2022 y el compromiso OTAN del 5% del PIB para 2035, pero incluyen acuerdos previos como los 1.187 millones para modernizar el helicóptero Tigre aprobados en 2021.
Este procedimiento pone en evidencia que partidas de decenas de miles de millones de euros que condicionan la vida de millones de personas se aprueban sin el más mínimo ni aparente "control democrático". Así, la ampliación indefinida de los presupuestos militares, una exigencia de la OTAN que no está sujeta a debate, se vuelve en un mero trámite administrativa, donde el poder ejecutivo moviliza recursos colosales sin deliberación democrática, aprovechando la falta de presupuestos regulares y la complicidad tácita de sus socios de investidura. La "vía silenciosa" de rearme europeo consolida una forma política donde la prioridad militar se impone sobre necesidades sociales, mientras se alimenta económicamente un complejo industrial-militar financiado con deuda pública que compromete las finanzas estatales hasta mediados de siglo.
