Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para disolver las organizaciones asociadas al movimiento Antifa, incluirlo en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea y reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La iniciativa, registrada el 14 de diciembre y pendiente de debate en febrero, condena la "violencia" atribuida a estos colectivos y acusa al Gobierno de mantener una "actitud de tolerancia" hacia ella. El texto insta al Ejecutivo a promover acciones judiciales para ilegalizar a "entidades" por "incitación al odio ideológico" y a cesar en lo que califica como "blanqueamiento" de sus acciones.

La proposición detalla varios incidentes violentos en actos del partido fascista, como enfrentamientos en Vallecas (Madrid), Bilbo (Bizkaia), Catalunya, Castelló, Gasteiz (Araba) y Sevilla, además de "agresiones a policías" durante la Vuelta Ciclista en septiembre y a un periodista en Iruñea (Nafarroa) en octubre, durante la casi-visita de Vito Quiles a la Universidad del Opus Dei. Vox argumenta que estos episodios forman parte de una "escalada de violencia política por parte de grupos de extrema izquierda que, bajo el pretexto de combatir el fascismo, atacan a rivales ideológicos". Cita como ejemplo de supuesta "permisividad gubernamental" el indulto concedido a condenados por agresiones en un mitin de Vox en 2019.

El movimiento Antifa, descrito por expertos como una red descentralizada sin estructura jerárquica formal ni liderazgo central, agrupa colectivos antifascistas de ideología anarquista o comunista que rechazan la violencia institucional y el auge de la extrema derecha. Fuentes académicas y de inteligencia europea lo consideran más un fenómeno ideológico que una organización "terrorista", sin inclusión en listas oficiales de la UE, a diferencia de iniciativas aisladas en países como Hungría o propuestas en EE.UU.