El Ayuntamiento de Madrid planea desalojar un asentamiento de personas sin hogar en la M-30 junto al edificio Los Cubos
"Vecinos preocupados" instigan una guerra contra los pobres mientras se espera una intervención inminente de la Policía Municipal y SAMUR; el consistorio anuncia “levantamientos inmediatos”.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, tiene previsto desalojar esta misma semana un asentamiento de personas sin hogar situado en una ladera de la M-30 junto al edificio Los Cubos, en el distrito de Ciudad Lineal. Según información difundida por algunos medios de comunicación de derechas a partir de fuentes vecinales, la intervención –en la que participarían Policía Municipal, SAMUR-Social y servicios de limpieza (SELUR)– se ejecutaría tras las habituales quejas de “vecinos preocupados” que denuncian “inseguridad” y “acumulación de basura”.
Almeida anunció el pasado viernes “levantamientos inmediatos” de este y otros asentamientos, asegurando que se trabajaría “simultáneamente con el área social” para ofrecer “alternativas”, aunque se excusó con la dificultad de hacer un censo porque “son personas que van y vienen”.
"No es agradable verlos"
El asentamiento, compuesto por estructuras precarias de palés y lonas, se habría incrementado tras el inicio de las obras del Parque Ventas, un proyecto de cubrimiento de la M-30 que está desplazando a personas que antes vivían en otras zonas de la vía. La presidenta de la asociación vecinal de San Pascual, Nuria Serrano, citada por ABC, afirmó que “entendemos que era gente que se encontraba en la otra zona del parque y que se ha trasladado aquí”, reconociendo que no generaban molestias directas pero que “no es agradable verlos”.
Algunos vecinos, como un tal “Eduardo”, han llegado a insinuar sin pruebas que el lugar podría ser un “punto de venta de droga”, sembrando el pánico con testimonios alarmistas. En cambio, otras fuentes locales consultadas por DIARIO SOCIALISTA consideran que "da la sensación que los vecinos de San Pascual han sido interpelados más por conocimiento de la zona que por compromiso con la defensa de los derechos de estas personas".
Control social reforzado en El Calero
A principios de diciembre, el consistorio se gastó 185.300 euros en un nuevo sistema de videovigilancia dotado con cinco cámaras con inteligencia artificial y monitorizado por Policía Municipal. Son cámaras con alta resolución que permiten identificar matrículas, aunque presumiblemente muestran algo más que la identificación de vehículos. Dos de estas, además, cuentan con un ángulo de visión de 360 grados.
"Levantamientos inmediatos"
Desde el Área de Políticas Sociales del consistorio se limita a señalar que los Equipos de Calle municipales ofrecen “intervención social previa”, pero que la aceptación de recursos “debe ser voluntaria”, una fórmula que en desalojos anteriores ha servido para legitimar desahucios sin proporcionar soluciones habitacionales estables. Además, no especifícan a qué se refieren exactamente cuando hablan de "recursos". El operativo se enmarca en la campaña anunciada por Almeida de “levantamientos inmediatos” en varios puntos de la ciudad, priorizando la “convivencia” y la limpieza urbana sobre el derecho a la vivienda y la protección de las personas más vulnerables.
Guerra contra los pobres
El caso ejemplifica la criminalización de la pobreza y la falta de vivienda como problema de “orden público” y “suciedad”, utilizando el relato reaccionario disfrazado de “preocupación vecinal” para justificar desalojos forzosos sin alternativas reales. La conexión con las obras del Parque Ventas evidencia a su vez cómo la especulación urbanística y las grandes infraestructuras expulsan a población excluida hacia nuevos espacios marginales, que posteriormente son “limpiados” con intervenciones policiales.
La ausencia de datos oficiales sobre las personas afectadas y la vaguedad sobre las “alternativas” sociales revela que el objetivo no es la inclusión, sino la “higienización urbana” para beneficio de los intereses inmobiliarios y la imagen de una ciudad hecha a medida de las clases pudientes y clases medias fascistizadas, dejando intacta la crisis estructural de vivienda y exclusión.
