La multinacional farmacéutica israelí Teva Pharma ha despedido a una trabajadora con casi tres años de antigüedad en su planta de Zaragoza (Aragón). Según la denuncia de la Intersindical de Aragón (INAR) recogida por AraInfo, el motivo fue pedir un permiso retribuido para asistir a un juicio donde la entidad financiera La Caixa le pide tres años de cárcel por tratar de impedir un desahucio de una familia con menores. El permiso fue concedido, pero, según el sindicato, "nada más darse a conocer los motivos del juicio, la empresa actuó rápidamente redactando una carta de despido procedente prototipo totalmente vacía de contenido, donde se alega disminución de rendimiento".

La trabajadora es afiliada a Intersindical de Aragón y simpatizante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Zaragoza). Desde ambas organizaciones aseguran que "Teva ha vulnerado la libertad ideológica de la compañera y que es inadmisible que una empresa cometa represalias hacia su trabajadora por motivos ajenos al laboral". El sindicato subraya que no se comunicó a la trabajadora la apertura del correspondiente expediente disciplinario contradictorio, un requisito formal. La denuncia de la Intersindical enlaza este caso con el carácter sionista de la empresa, recordando que "desde el 7 de octubre de hace dos años ha estado enviando correos corporativos internos declarándose abiertamente sionista".

La Intersindical contextualiza la acción de Teva dentro de su postura sobre el genocidio contra el pueblo palestino. Afirman que la multinacional, incluida en la lista de empresas del movimiento BDS, "obtuvo, tan solo en 2024, 16.400 millones de dólares en ingresos, que tributa en Israel y que sirven para inflar las arcas de un Estado genocida". Además, señalan que "con su capacidad de injerencia en la legislación israelí, Teva disfruta de todo el mercado de Jordania y Palestina" debido a restricciones. El sindicato también relaciona el despido con las huelgas generales por Palestina de 2024 en Aragón, que la trabajadora y otro afiliado secundaron, siendo este último sancionado.

Desde la organización sindical concluyen que "defender a una familia a la que se le está arrebatando un derecho fundamental como es la vivienda, no debería ser un motivo ni por el que ir a juicio, ni de despido, sino un acto de solidaridad de clase". Hacen un llamamiento a denunciar el caso para presionar y extender el boicot contra la empresa, citando como ejemplo la cancelación de contratos con Teva por parte de los gobiernos en Asturies y Nafarroa.