La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) de Burgos ha denunciado públicamente la imposición de varias sanciones administrativas en el marco de una campaña de memoria antifranquista realizada el pasado mes de noviembre en Aranda de Duero. En concreto, la acción por la que han recibido la multa consistió en el despliegue de una pancarta desde el puente de la localidad, en un espacio cargado de significado histórico: el lugar donde durante la dictadura franquista se estableció un campo de concentración en el que llegaron a estar recluidas cerca de 4.000 personas.
Según ha señalado la propia organización, el objetivo era rendir homenaje a las personas represaliadas por el franquismo en la provincia de Burgos y reivindicar su memoria. Sin embargo, esta iniciativa ha sido respondida con varias multas administrativas que, en conjunto, superan los 2.000 euros.

Las sanciones habrían sido impulsadas desde el Ayuntamiento por el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina Martín, militante del PCE, Izquierda Unida y CCOO, y concejal desde 2023 en una candidatura de Izquierda Unida. De acuerdo con la denuncia de la organización, no solo se promovió el procedimiento sancionador, sino que además se calificaron los hechos como una "infracción grave", con la correspondiente sanción aparejada cuya cuantía, además, se impuso en el tramo alto. Por todo ello, consideran que se trata de "una decisión política deliberada". En sus palabras, el objetivo sería "desgastarnos, castigarnos y apartarnos de la política", utilizando el aparato administrativo como "mecanismo de represión".

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"Ofensiva contra los derechos políticos de la clase trabajadora"

Desde CJS Burgos subrayan que resulta especialmente significativo que la sanción haya sido impulsada por un concejal perteneciente a organizaciones que se reclaman históricamente herederas del antifranquismo y del movimiento obrero, lo que interpretan como "una muestra del papel disciplinador que desempeñan hoy determinadas fuerzas de la izquierda institucional".

En este sentido, subrayan que la sanción no se limita a una cuestión concreta, sino que forma parte de "una ofensiva más amplia contra los derechos políticos y las condiciones materiales que hacen posible la organización de la clase trabajadora". Desde CJS Burgos afirman que continuarán desarrollando actividad política en la calle, reivindicando a las personas represaliadas por la dictadura y señalando a quienes, desde las instituciones, "actúan como gestores de los intereses de la burguesía".