La Lega reactiva su plan para controlar las mezquitas
El partido de Salvini quiere reintroducir una propuesta de 2023 que impone registros, sermones en italiano y avisos previos a la policía; el Ejecutivo aún no aclara si la asumirá.
La Lega ha vuelto a impulsar esta semana en el Senado una propuesta de ley para regular a los imanes y las mezquitas en Italia que llevaba bloqueada desde 2023. El texto, presentado por el senador Gianluca Cantalamessa, ha sido retomado en comisión de Asuntos Constitucionales en paralelo a la aceleración de un nuevo decreto de “seguridad” promovido por el Gobierno de Giorgia Meloni, tras un reciente apuñalamiento entre dos jóvenes en un instituto. Según ha declarado el propio Cantalamessa, su partido no descarta introducir este contenido como enmienda dentro de ese paquete legislativo, aunque el Ejecutivo no ha precisado aún su posición ni el alcance final de las medidas.
El proyecto de la Lega prevé la creación de un "registro nacional de imanes" dependiente del Ministerio del Interior, al que solo podrían acceder ciudadanos italianos con al menos cuatro años de residencia en el país. La iniciativa exige, además, acreditar un nivel mínimo B1 de italiano y obliga a que los sermones religiosos se pronuncien exclusivamente en esa lengua. El texto también establece que cualquier reunión de carácter político celebrada en una mezquita deberá comunicarse con antelación a la autoridad competente, bajo amenaza de sanciones económicas, según recoge el diario il Manifesto.
En la exposición de motivos, la propuesta justifica estas restricciones aludiendo a supuestas “evidencias investigativas y judiciales” que señalan a las mezquitas como “lugares privilegiados para la formación de nuevos terroristas islamistas”. El texto también menciona el fracaso de una mediación entre el Estado italiano y las comunidades islámicas, pese a que un primer “Pacto por el Islam” fue firmado en 2017 bajo el Ministerio del Interior de Marco Minniti. Aquel marco de diálogo quedó paralizado tras la llegada del actual Gobierno, que provocó en 2024 la dimisión en bloque del Consejo para las relaciones con el islam, alegando su “falta de operatividad”.
La medida llegaría en pleno endurecimiento general del discurso y de la legislación en materia de orden público. La Lega ha vinculado explícitamente su plan a casos recientes de crónica, como el del imán de Turín Mohamed Shahin —cuya expulsión fue anulada por la justicia— y a investigaciones en curso sobre presuntas "redes islamistas" en Italia. Por ahora, ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior han confirmado si asumirán formalmente esta propuesta ni cómo encajaría dentro del "nuevo decreto de seguridad", cuyo contenido definitivo sigue sin hacerse público.
