El ‘caso Palacete’ de Getxo: imputados tres concejales del PNV y funcionarias municipales
Investiga delitos contra el patrimonio y prevaricación en un derribo autorizado por ediles que, casualmente, habían reservado viviendas en la promoción.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo (Bizkaia) ha imputó la semana pasada a tres concejales del PNV y a tres funcionarias del área de Urbanismo del Ayuntamiento por el derribo del palacete Irurak Bat, un inmueble protegido del siglo XIX demolido durante una promoción de 12 viviendas de lujo en Algorta.
Según el auto al que ha tenido acceso El Correo, la magistrada aprecia indicios de un delito contra el patrimonio histórico (artículo 321 del Código Penal) y amplía las diligencias por un presunto delito de prevaricación (artículo 322).
Dos compradores interesados en la promoción, imputados
Los concejales investigados son Ignaxio Uriarte Gorostiaga, Irantzu Uriarte Gómez —ambos compradores de una vivienda en la promoción— e Iñigo Urkitza Yáñez, entonces responsable de Disciplina Urbanística. Tras conocerse la imputación, los tres dimitieron rápidamente y el PNV aceptó su salida.
Junto a los cargos políticos, están imputadas tres técnicas municipales: Isabel Peral, responsable de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística; Sonia Quintana, responsable técnico y jurídica del área; y Argiñe Encinas, arquitecta que asumió el expediente tras ser apartado el primer técnico, especializado en patrimonio. La jueza levantó el secreto de sumario después de que, el 14 de enero, la Ertzaintza registrara dependencias municipales y copiara dispositivos electrónicos de los investigados. Según fuentes citadas por El Correo, el contenido de esos dispositivos habría sido determinante a la hora de apreciar indicios de prevaricación, más allá del derribo ya acreditado por un atestado policial previo.
Antecedentes
El caso fue destapado por El Correo en agosto de 2024, cuando las obras destruyeron por completo el palacete, pese a que la licencia obligaba a conservar al menos tres fachadas. El inmueble, construido en 1845 y protegido en teoría por la Ley Vasca de Patrimonio Cultural y por el PGOU, fue derribado tras una serie de decisiones administrativas que, según la Ertzaintza, aceleraron el proyecto para sortear una moratoria urbanística. Dos de los concejales imputados, casualmente, habían reservado en 2023 un bajo con jardín por 571.000 euros más IVA y figuraban como cooperativistas de Ereaga Atalaya, promotora que asumió la licencia concedida inicialmente a Biurban.
Un segundo atestado de la Ertzaintza, que consta de más de 150 páginas, va más allá de los seis imputados y señala a toda la Junta de Gobierno municipal en su conjunto —compuesta por el PNV y PSE— al considerar que no podía autorizar el derribo sin vulnerar la Ley de Patrimonio y sin contar con un informe jurídico necesario, que, de haberse emitido, habría sido desfavorable. Los investigadores sostienen que la ausencia de ese informe fue determinante y que la concesión de la licencia tuvo “efectos reales” en la demolición. El procedimiento judicial sigue abierto, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión e inhabilitación para cargo público.
