La Comisión Europea presentó este jueves su nuevo plan de política migratoria, centrado en "reducir las llegadas irregulares" y externalizar el control de fronteras mediante acuerdos con países fuera de la UE. Según informa DW, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, declaró que "la prioridad es clara: reducir las cifras de llegadas irregulares y mantenerlas bajas". El plan se enmarca en lo que Brunner denominó "un nuevo capítulo" para la política de asilo de los 27, a pesar de que las llegadas irregulares ya cayeron más de un cuarto en 2025.

La Comisión afirmó en un comunicado que busca establecer "un marco justo y firme" que afirme "el principio de que es Europa quien decide quién viene a la UE y bajo qué circunstancias". La estrategia incluye medidas para "prevenir la migración irregular", "reprimir el tráfico de personas" y "evitar el abuso del sistema de asilo". Sin embargo, todo apunta a un filtro selectivo e instrumental de fuerza de trabajo: pretende "atraer talento migrante" para cubrir "brechas de habilidades y escasez de mano de obra en muchos sectores clave", confiesan. La Comisión se comprometió así a "simplificar y acelerar las reglas" para atraer las habilidades que "Europa necesita".

Un elemento central del nuevo enfoque es la creación de "centros de retorno" (return hubs) fuera de las fronteras de la UE, presentados como un aspecto "innovador". La Comisión destacó que solo alrededor de una cuarta parte de las personas migrantes con orden de expulsión abandonan realmente la UE, por lo que considera que aumentar la "efectividad" del sistema de expulsión es "urgente".

El organismo señaló su disposición a presionar a los países terceros para que readmitan a solicitantes de asilo rechazados, y a "castigar a los que no cooperen". La UE ya tiene acuerdos en vigor o en negociación con Túnez, Mauritania, Egipto y Marruecos, que a cambio de cooperar reciben ayuda e inversiones.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional criticó inmediatamente el enfoque, calificándolo de "defectuoso" y advirtiendo que una mayor dependencia de los llamados "países terceros" haría a la UE "cómplice de cualquier violación de derechos que pueda resultar". El plan vuelve a poner el foco en la política de control fronterizo y la externalización, subordinando el derecho a la movilidad humana a intereses económicos selectivos y al endurecimiento represivo.