La regularización migratoria del Gobierno español sigue excluyendo a más de 340.000 personas
Cada regularizado aporta un benefiicio fiscal de hasta 4.000 euros en un sistema que requiere 250.000 cotizantes anuales, y la burocracia requerida supone que cada funcionario gestione 1.250 expedientes en 65 días.
La aprobación del Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada recientemente por el Gobierno español después de un pacto con Podemos no responde únicamente a la presión social de las 700.000 firmas que impulsaron la iniciativa original y a la lucha de la clase obrera migrante. También ha sido una ecuación de sostenibilidad económica que el Estado español no logra resolver con su población nativa. Ante un escenario donde el ratio de dependencia —la proporción de pensionistas sobre la población activa— pasará del 24% actual al 54% en 2050 según estimaciones oficiales, el sistema público de pensiones requiere la incorporación anual de 250.000 cotizantes adicionales para evitar la quiebra técnica.
Bajo esta lógica, dos estudios independientes de investigadores de la Pompeu Fabra y la Carlos III han calculado un beneficio fiscal neto de entre 3.300 y 4.000 euros anuales por cada persona migrante regularizada, derivado del ahorro en asistencia social y el incremento en la recaudación directa e indirecta. Por tanto, a ojos de la clase dominante, la medida se articula menos como una concesión de derechos y más como una operación de rescate de la fuerza de trabajo necesaria para cubrir vacantes en sectores críticos que la población local no cubre, maximizando la recaudación inmediata.
El estatus jurídico ofrecido a los solicitantes exitosos refleja esta visión utilitarista: se otorga una "licencia temporal" de actividad sujeta a las fluctuaciones del mercado. Si bien la autorización de un año permite el acceso pleno al sistema sanitario, la movilidad en el espacio Schengen y la cotización a la Seguridad Social, su vigencia es efímera. Al finalizar los doce meses, la renovación del permiso queda supeditada a que el trabajador demuestre continuidad laboral o "medios económicos suficientes", además de que es de importancia de primer orden el cumplimiento de los deberes fiscales. Este mecanismo de "irregularidad sobrevenida potencial" prácticamente emplea al trabajador migrante como carne de cañón si las condiciones laborales empeoran o si directamente estos no cumplen con el cometido de servir como fuerza de trabajo abaratada.
El 40% se queda fuera
Aun con todo ello, los datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) sitúan la bolsa real de irregularidad administrativa en 837.978 personas al cierre de 2025. La insistencia oficial en la cifra de 500.000 beneficiarios conlleva el reconocimiento implícito de que al menos 340.000 personas —más del 40% del total real— quedarán excluidas de facto. Este descarte masivo se ejecuta mediante filtros "técnicos" como la fecha de corte del 31 de diciembre de 2025 y, crucialmente, la exigencia de probar cinco meses de estancia continuada. Este último requisito penaliza desproporcionadamente a los perfiles más vulnerables, como los habitantes de asentamientos agrícolas, empleadas del hogar internas sin contrato, quienes carecen de empadronamiento, la prueba preferente exigida por la administración.
Burocracia colapsada
Por otro lado, la viabilidad operativa del proceso presenta fisuras numéricas profundas que hacen dudar de la capacidad deal de la burocracia para ceñirse a lo prometido. Para gestionar el volumen de solicitudes en la ventana de tres meses estipulada (abril-junio 2026), el Ministerio del Interior afirma que, a pesar de que el sistema actual ya se encuentre colapsado, el Gobierno ha asignado un refuerzo de apenas 400 trabajadores temporales. Esto significa que cada funcionario debería resolver 1.250 expedientes en aproximadamente 65 días laborables. Este ritmo de producción industrial imposibilita un análisis jurídico riguroso y augura una tasa elevada de archivos por defectos de forma o silencios administrativos, en un contexto donde las oficinas de extranjería ya acumulan retrasos de miles de expedientes previos a la medida. Múltiples organizaciones y ONG-s ya han presentado sus quejas en este aspecto.
Un parche temporal
Finalmente, la estadística proyectada a futuro revela que esta regularización representa tan solo un parche temporal ante una Ley de Extranjería que genera exclusión de manera sistémica. Con una tasa de crecimiento de la irregularidad administrativa estimada en 90.000 personas al año, el "alivio" demográfico que supone regularizar a medio millón de personas quedará neutralizado en menos de seis años. Si se aplica la tasa de aceptación histórica del 84,8% registrada en procesos anteriores, la cifra real de nuevos regularizados apenas superaría los 424.000, dejando una bolsa de exclusión remanente que, sumada a las nuevas llegadas y a las denegaciones de asilo —cuyas tasas de éxito son inferiores al 20%—, garantiza que el ciclo de clandestinidad y economía sumergida se perpetúe intacto para el año 2030.
