Varias empresas se embolsan 22.000 millones de dólares del despliegue antimigratorio de Trump
Palantir, Deloitte y otras firmas se benefician de contratos de ICE y CBP mientras crece la oposición de los trabajadores a su colaboración con la represión migratoria.
Más de 22.000 millones de dólares han sido adjudicados a empresas privadas por agencias centrales de la administración de Donald Trump en el marco de su agresivo plan de deportaciones, según un análisis del Financial Times. Entre los beneficiarios destacan Palantir, Deloitte, aerolíneas chárter y Fisher Sand & Gravel, esta última liderada por un donante republicano y encargada de la construcción de tramos del muro fronterizo con México.
El aumento de gasto comenzó tras la segunda investidura de Trump en enero de 2025 y se aceleró tras la aprobación del denominado “big beautiful bill” en julio, que permitió duplicar el gasto de 'la Gestapo de Trump' en contratos a 3.700 millones de dólares en solo dos trimestres, frente a 1.500 millones en seis meses previos. CBP multiplicó por siete su gasto en contratistas privados en el mismo periodo y reportó casi 2.000 millones en nuevos contratos solo en enero de 2026.
Los contratos incluyen tanto tareas rutinarias de "modernización tecnológica" como herramientas para identificar, arrestar y deportar a personas migrantes, o fomentar su “autoexpulsión”. Palantir recibió 81 millones de dólares desde enero de 2025 para crear un sistema de seguimiento de “autoexpulsión” y optimizar operaciones de detención, mientras Deloitte obtuvo más de 100 millones para sistemas de análisis de cumplimiento y apoyo a operaciones de deportación. Otras compañías como Amazon, Microsoft, Motorola Solutions o G4S también participan mediante servicios en la nube, licencias, radios y transporte de detenidos, sumando decenas de millones más.
El incremento de contratos ha provocado una reacción interna de los trabajadores de la industria tecnológica: más de 1.000 empleados, incluidos más de 100 de Google, han firmado una carta abierta pidiendo a sus empresas cancelar estos contratos y manifestarse en contra de las tácticas del gobierno.
