Un deslizamiento de tierras provocado por las lluvias arrasó la madrugada del miércoles la colina donde se ubica la explotación minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo, causando la muerte de más de 200 personas y dejando a otras 20 heridas. La mayoría de las víctimas son mineros que trabajan en condiciones infrahumanas, entre ellos menores de edad y mujeres que vendían productos en el mercado cercano.

La mina, parte de un complejo que produce unas 1.000 toneladas de coltán al año —la mitad de la producción nacional y el 15% de la mundial—, está bajo control de los mercenarios proruandeses del M23, quienes obtienen alrededor de 800.000 dólares mensuales mediante el tráfico ilegal del mineral hacia Ruanda, desde donde se exporta al resto del mundo, principalmente a las potencias imperialistas occidentales y a China.

Este tipo de "accidentes" son frecuentes en la región, donde la extracción se realiza en condiciones extremadamente precarias y con material rudimentario. Naciones Unidas ha alertado sobre el contrabando de minerales estratégicos, cuyo control es uno de los factores centrales del conflicto armado que desde hace tres décadas azota a la población del noreste del Congo, ahora intensificado por la ofensiva del M23 en 2024 y su ocupación de Goma y Bukavu.