Filtran la identidad de la denunciante del exjefe de la Policía en chats del cuerpo

La inspectora de Policía que denunció por agresión sexual al ya exdirector adjunto operativo (DAO) José Ángel González se encuentra "destrozada" después de que su identidad se haya revelado y difundido en chats policiales, según ha denunciado este jueves su abogado, Jorge Piedrafita, en declaraciones a TVE. El letrado ha explicado un patrón de acoso que la mujer ha sufrido desde que su nombre y apellidos comenzaron a circular "como la pólvora en distintos grupos de Policía". Desde entonces, recibe un "bombardeo de mensajes y llamadas". Algunos contactos le han mostrado apoyo, pero otros le han preguntado "qué había hecho y dónde se estaba metiendo", lo que le ha generado ansiedad y un profundo malestar. Piedrafita no ha precisado en qué chats se produjo la filtración concretamente, ni ha anunciado acciones legales al respecto por el momento.

La querella, admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, imputa a González delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el relato de la denunciante, los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025, cuando el entonces máximo mando policial del cuerpo la habría agredido sexualmente en su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior. La inspectora, que había mantenido una relación afectiva con González, asegura que posteriormente sufrió una "campaña de acoso" para que no denunciara, en la que habría participado presuntamente el comisario Óscar San Juan, quien le habría ofrecido "elegir destino a cambio de su silencio". La agente se encuentra de baja desde julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "desconocía la denuncia hasta el pasado martes" y que "está dispuesto a dimitir si la víctima afirma que se ha sentido protegida". El abogado de la inspectora ha respondido que ella siente una "enorme decepción" porque esperaba el "cese fulminante" del exjefe policial, no una dimisión, y ha subrayado que Marlaska "no se ha puesto en contacto ni con ella ni con su defensa", pese a tener su teléfono "abierto". El ministerio ha ofrecido este jueves "protección policial" a la denunciante, que ha aceptado, después de que Piedrafita reclamara medidas para proteger a la funcionaria.

La filtración de la identidad de la víctima en canales internos del cuerpo evidencia la impunidad con la que operan las redes de complicidad dentro de la institución que en teoría "vela por la protección de quienes denuncian". Mientras el Gobierno y la cúpula policial se enredan en declaraciones y dimisiones, la agente que señaló al máximo responsable de la Policía Nacional española sufre el acoso de sus propios compañeros, ofreciendo algunas pistas sobre por qué hay tanta opacidad sobre los casos de violencia machista dentro de los cuerpos policiales. La pregunta que queda en el aire es quién va a investigar y depurar responsabilidades, si el anonimato de la víctima se rompe precisamente en los chats privados de quienes se dedican a investigar estos casos.

Al menos 12 casos graves procesados y documentados en prensa en apenas tres meses

Con este "caso aislado" del más alto nivel suman ya al menos 12 agentes de policía de distintos cuerpos implicados en casos judicializados por violencia machista que han saltado a la prensa en el Estado español en tan solo tres meses. Esta misma semana, han abierto una investigación al jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares por violencia de género y maltrato familiar. También han juzgado en la Audiencia de Almería juzga a diez acusados de prostituir a menores, entre ellos dos policías locales y un exmilitar. A comienzos de febrero, ratificaron la condena a un guardia civil por amenazar y agredir a su exmujer con un arma. A finales de enero, un teniente de la Guardia Civil fue detenido en València por agresión sexual y maltrato. En fechas similares se daba conocer la petición de 51 años de prisión de la Fiscalía para un guardia civil por extorsión, robos y abusos en la Cañada Real, en un caso de corrupción más amplio que también incluyó abusos sexuales por tocamientos contra una mujer. Unos días antes, se conocía la sanción contra un guardia civil que fingió estar en medio de una operación al ser sorprendido en un prostíbulo durante una redada. En fechas similares, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ordenaba repetir el juicio al policía condenado por matar a tiros a su mujer en Ceuta. A mediados de enero, un policía nacional fue detenido por agredir sexualmente a una compañera en prácticas. Paralelamente, el Tribunal de Estrasburgo resolvía que la Policía Nacional española manipuló pruebas en dos casos de violaciones contra dos mujeres en Iruñea (Nafarroa) mediante sumisión química; uno de los agresores era familiar de un agente de policía. A principios de diciembre, se daba a conocer que un policía municipal de Bilbo (Bizkaia) perseguía a su expareja controlándola mediante GPS. Al mismo tiempo, era readmitido un guardia civil condenado por violencia machista por un "error" del Ministerio de Defensa.