Moncloa exigirá un informe policial para regularizar a migrantes y certificar que “no son una amenaza”
El decreto que desarrolla la ILP condiciona el permiso a un control policial que asegure que “no representan riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública”.
El Gobierno español ha incorporado en el famoso borrador del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes la letra pequeña: la obligación de comprobar mediante informe policial que los solicitantes "no representan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública", según el texto al que ha tenido acceso Europa Press. La medida afectará a todos los migrantes que hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 y a aquellos que hubieran llegado al Estado español antes de esa fecha y acrediten al menos cinco meses de residencia. El decreto, que desarrolla la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pactada con Podemos, sigue sujeto a cambios pendientes del dictamen del Consejo de Estado antes de su aprobación en Consejo de Ministros.
El texto especifica que la valoración del "informe policial correspondiente" será recabada de oficio por el órgano competente para todas las solicitudes de residencia temporal por arraigo, ya sea por situación de protección internacional previa o por el procedimiento extraordinario. Y aquí empieza el laberinto burocrático: esta "comprobación" se suma a la exigencia de carecer de antecedentes penales en el Estado español y en los países de residencia de los últimos cinco años. En caso de que el solicitante acredite haber solicitado el certificado de antecedentes sin recibirlo en un mes, la Administración podrá recabarlo directamente y, si transcurrido otro mes no obtiene respuesta, se admitirá una declaración responsable de inexistencia de antecedentes, aunque si posteriormente llegara una certificación positiva, se revisaría de oficio la autorización concedida.
Desde el momento de la solicitud, las personas migrantes en cuestión quedarán habilitadas provisionalmente para residir y trabajar en todo el territorio del Estado, incluyendo a los menores y personas dependientes de la unidad familiar. La resolución definitiva deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses; en caso contrario, la solicitud se considerará desestimada por silencio administrativo. Las peticiones podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026. El decreto también prevé que, si el solicitante está sujeto a un procedimiento de devolución o expulsión por infracciones leves, la concesión de la autorización archivará tal procedimiento y revocará automáticamente cualquier orden de expulsión vigente.
Controles policiales: "En las mejores manos"
La inclusión del control policial como requisito para la regularización evidencia la desconfianza del Estado hacia los "sospechosos habituales". Bajo el pretexto de la "seguridad", además de complicaciones burocráticas, el "Gobierno más progresista de la historia" introduce un filtro discrecional que abre la puerta a la discriminación y al arbitrariedad policial, convirtiendo un derecho teórico en una concesión graciable sujeta a la valoración subjetiva de los cuerpos policiales, ampliamente conocidos por su carácter "progresista", "la ausencia de prejuicios racistas entre agentes" y su "amable trato con los inmigrantes". Mientras las concesiones de socios como ERC o los gobiernos vasco y catalán ha logrado que se considere el conocimiento de lenguas cooficiales como mérito para la renovación, el núcleo de la medida sigue siendo el mismo: las personas migrantes deben demostrar que no son una amenaza, en lugar de ser tratados como personas con plenos derechos.
