Bruselas impone "temporalmente" el acuerdo con Mercosur
La Comisión Europea activa la aplicación "provisional" del pacto tras la ratificación de Argentina y Uruguay, con el respaldo de Madrid y 21 Estados miembros, pese al rechazo de Francia y el recurso del Parlamento.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este viernes que activará la entrada en vigor "provisional" de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, después de que Argentina y Uruguay completaran sus procesos de ratificación parlamentaria, según informa la agencia EFE. En una declaración institucional en Bruselas, Von der Leyen afirmó que "cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos" y defendió que el pacto, negociado durante más de 25 años, "creará un mercado de 720 millones de personas", "reduce miles de millones en aranceles" y otorga a la UE "una ventaja estratégica en un mundo de fuerte competencia". La decisión se ampara en la autorización que el Consejo Europeo concedió en enero a la Comisión para proceder a aplicarlo temporalmente a partir de la primera ratificación de un país sudamericano.
El acuerdo, que establecería la mayor área de libre comercio del mundo, eliminaría aranceles para el 91% de los productos europeos en un plazo de 15 años y para el 95% de las exportaciones del Mercosur en 12 años, de acuerdo con los datos de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones. Incluye salvaguardias para "proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios" o "incrementos de importaciones sensibles", un añadido que resultó determinante para conseguir el respaldo de algunos países reticentes. Sin embargo, sectores agrarios de varios Estados miembros mantienen su rechazo al considerar que la entrada de productos de América del Sur se produciría a precios más bajos y con estándares medioambientales y sanitarios diferentes, lo que podría hundir a las explotaciones europeas.
El Gobierno español ha respaldado la decisión con entusiasmo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que "en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás" y calificó el pacto como "un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente", según fuentes del Ministerio de Economía recogidas por EFE. Por el contrario, Francia mostró su rechazo frontal. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, lamentó que se active el acuerdo de forma "provisional" y advirtió que "será muy perjudicial", subrayando que "no es conforme con lo que tendría que haber prevalecido con la decisión del Parlamento Europeo". París encabezó junto a Polonia un intento de bloquear la aplicación provisional con una declaración que finalmente no surtió efecto tras las consultas diplomáticas en el Consejo.
La entrada en vigor definitiva del acuerdo sigue pendiente de un complejo proceso institucional. El Parlamento Europeo, que debe dar su consentimiento, decidió el pasado enero remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios, una decisión que paraliza de facto la ratificación hasta que el tribunal se pronuncie al respecto, posiblemente dentro de un año y medio.
Mientras tanto, la Comisión ha optado por imponer la aplicación provisional de la parte comercial, una figura jurídica que permite que el pacto entre en vigor bilateralmente con los países que ya han ratificado, en este caso Argentina y Uruguay, a la espera de que Brasil y Paraguay completen sus trámites en las próximas semanas. La medida reabre la controversia sobre las contradicciones de la arquitectura institucional de la UE y evidencia cómo los intereses comerciales de las grandes corporaciones priman sobre los intereses de los pequeños productores y las consiguientes reservas de los parlamentos nacionales y europeo, reforzando un resentimiento que capitaliza la extrema derecha.
Los gobiernos de la UE y la Comisión Europea, cara a cara
De hecho, esta imposición del acuerdo comercial se produce en medio de una guerra institucional sin precedentes en Bruselas. Los gobiernos de los Veintisiete han amenazado con llevar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE si no rectifica el acuerdo de poder que firmó en septiembre con el Parlamento Europeo, que refuerza el papel de los eurodiputados en la elaboración de las leyes. El conflicto, que enfrenta a las tres grandes instituciones comunitarias, tiene su origen en un pacto entre Von der Leyen y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que incluye una promesa de dar "trato igualitario" al Consejo y al Parlamento durante todo el proceso legislativo. Para los gobiernos, eso es inaceptable porque, según una carta a la que tuvo acceso Politico, los tratados de la UE les otorgan más competencias que a la Eurocámara. El enfado de los Estados supone que el acuerdo permitiría a los eurodiputados meterse en la negociación de tratados internacionales como el propio Mercosur, donde cualquier discrepancia amenaza con hacer saltar por los aires un pacto de 25 años de gestación, y obligaría a la Comisión a pedir permiso al Parlamento antes de aplicar provisionalmente acuerdos comerciales, algo que hasta ahora decidía solo el Consejo.
¿Una UE federal?
En este contexto de fragmentación, el ex primer ministro italiano Mario Draghi aprovechó a finales de febrero para defender que la UE "avance hacia una federación si quiere sobrevivir como actor global", es decir, cediendo más competencias y soberanía estatal en política exterior, materia militar y fiscal a Bruselas, una propuesta que, bajo la retórica de la "eficacia", profundiza la tendencia centralizadora mientras los pequeños productores pierden sus explotaciones y los parlamentos nacionales ven recortadas sus competencias.
