Dos sindicalistas de CTM llevan seis años vetados en el trabajo pese a ganar en los tribunales

Jesús Galván y Manuel Balber, dos soldadores con más de 30 años de experiencia y reconocida cualificación, llevan seis años sin poder trabajar en el metal de la Bahía de Cádiz a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulos sus despidos en 2022 por tratarse de una "represalia por su actividad sindical". La sentencia, que dio la razón a los trabajadores, no ha servido para que vuelvan a ser contratados en un sector que vive un "momento histórico" de carga de trabajo, con factorías como Dragados trayendo soldadores del extranjero ante la falta de fuerza de trabajo. La organización Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) denuncia que ambos son víctimas de una "cadena perpetua laboral" que constituye una vulneración de los derechos fundamentales y un ataque a la libertad sindical.

El calvario de estos dos operarios comenzó en el verano de 2020, cuando fueron despedidos de una subcontrata de Navantia en Puerto Real después de participar en protestas para reclamar más carga de trabajo. Sus compañeros paralizaron los astilleros de San Fernando y Puerto Real durante una semana, pero los comités de Navantia y Dragados y varios sindicatos mayoritarios se desmarcaron: decían estar "de acuerdo con el fondo de las reivindicaciones, pero no con las formas". Dos años después, el TSJA declaró los despidos nulos, pero al tratarse de trabajadores eventuales y haber finalizado la obra para la que fueron contratados, no les dejaron reincorporarse al trabajo. Desde entonces, ni ellos ni otros miembros de la CTM han vuelto a trabajar en ninguna factoría de la Bahía.

"Hay listas negras"

Galván, vecino de San Fernando con dos hijos, ha tenido que emigrar a Bilbo (Bizkaia), Tarragona (Catalunya), Bélgica, Guadalupe y Reino Unido para poder trabajar en su oficio. En las Antillas recibió la noticia de la muerte de su padre sin poder asistir al entierro. A su regreso, comprobó que su nombre estaba en alguna lista: una empresa consiguió contratarlo para trabajar en Navantia, pero al llegar a la puerta no le dejaron entrar durante más de un mes, hasta que intervino la ministra de Hacienda. "Me impidieron entrar porque hay listas negras. La empresa no las va a poner en el tablón, pero las listas existen. Lo tienen guardado bajo llave, oculto, porque es algo inconstitucional y vulnera el derecho al trabajo", denuncia. Balber, de 54 años y padre de tres hijos, comparte el mismo periplo y la misma conclusión: "Las empresas no quieren que levantes la cabeza. Cuando tú hablas y exiges, automáticamente ya eres un conflictivo. Lo único que pedíamos es que se cumpliera la ley, y eso era lo más revolucionario para los empresarios".

"Están lanzando un mensaje a los trabajadores: si protestas, no vas a trabajar más en la Bahía"

La CTM ha denunciado que el veto se ha extendido incluso a otras provincias. Hace unas semanas, una empresa de Huelva (Andalucía) mostró interés en contratar a Galván y Balber para una refinería, pero cuando comprobaron sus antecedentes, la oferta se esfumó. "Están lanzando un mensaje a los trabajadores: si protestas, no vas a trabajar más en la Bahía", advierten. La Federación de Empresarios del Metal (FEMCA), que representa a 700 empresas que contratan a 22.000 trabajadores, niega la existencia de listas negras y asegura que solo maneja "listas de posibles candidatos a contratar en función de la carga de trabajo". Sin embargo, los afectados, respaldados por la CTM y una campaña de recogida de firmas en Change.org, exigen una investigación independiente y el fin inmediato de unas prácticas que consideran propias "de una dictadura y del franquismo".