La clase trabajadora ecuatoriana se levanta contra la jornada laboral de 10 horas y la represión policial
El gobierno de Noboa impone por decreto la "flexibilización" de la jornada laboral y reprime las protestas en Quito y Guayaquil mientras su popularidad se desploma del 60% al 38%.
Miles de trabajadores, estudiantes y movimientos sociales se manifestaron el pasado 13 de marzo en Quito, Guayaquil y la región amazónica de Ecuador para exigir que se derogue el decreto ministerial MDT.2026-059, que permite ampliar la jornada laboral hasta diez horas diarias, según informa Peoples Dispatch. La medida, impulsada por el gobierno ultraderechista de Daniel Noboa y defendida por el ministro de Trabajo, Harold Burbano, como una "solución pragmática" que mantiene las 40 horas semanales, ha sido interpretada por los sindicatos como un ataque frontal a derechos históricos conquistados tras décadas de lucha obrera. "La reforma busca beneficiar a los empresarios a costa de los derechos de los trabajadores", denunciaba Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que junto a la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular (FP) convocaron las protestas. El movimiento obrero advierte que la medida abre la puerta a futuros incrementos de la jornada semanal y facilita que las empresas eviten el pago de horas extra, que supone hasta el 30% de los ingresos de los trabajadores.
La respuesta gubernamental a las protestas ha sido una feroz represión policial. En Quito, cuando los manifestantes llegaron a la Plaza de Santo Domingo, un contingente policial fuertemente armado lanzó gases lacrimógenos y bombas aturdidoras contra quienes se negaban a disolverse. Imágenes difundidas por periodistas como Elena Rodríguez, de teleSUR, mostraron cómo la policía montada arrolló a una persona y golpeó con porras a otra. "Bajo qué protocolo actúan así contra los manifestantes", denunciaba la periodista. Los trabajadores respondieron lanzando piedras a las fuerzas represivas y derribando barricadas. La violencia estatal no hizo más que confirmar la denuncia sindical de que el gobierno de Noboa no tiene intención de dialogar con quienes rechazan sus medidas antiproletarias.
El pulso por la jornada laboral se suma a una larga lista de medidas impuestas unilateralmente por el Ejecutivo sin el más mínimo amago de "diálogo social". La Ley Minera y Energética, que amenaza con permitir extracciones en las islas Galápagos y otorga mayores protecciones a las empresas extractivistas, y la ley que obliga a los municipios a destinar el 70% de sus fondos a obras públicas —que según los críticos destruirá proyectos sociales, educativos y sanitarios, además de provocar despidos masivos— han generado un frente amplio de oposición entre el proletariado ecuatoriano. "Una de las consecuencias de estas reformas es bajar los costes laborales para el sector empresarial para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional", denunciaba Bedoya, en una crítica directa a la sumisión de Noboa a los organismos financieros internacionales liderados por EE.UU.
"No hay otra salida que enfrentar a Noboa en las calles"
La caída de popularidad del presidente Noboa refleja el creciente descontento social. Según la encuestadora CIEES, su aprobación se ha desplomado del 60% en octubre de 2025 al 38% en febrero de 2026, mientras la sensación de pesimismo alcanza el 72% de la población. La negativa del gobierno a negociar con el movimiento obrero, la crisis de salud pública, la peor crisis de seguridad de la historia del país y el encarcelamiento de líderes opositores como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, han agravado la situación. Andrés Quishpe, líder de UNE, resumió el sentir de los trabajadores: "No hay otra salida que enfrentar a Noboa en las calles". Las organizaciones sindicales han anunciado que continuarán movilizándose en defensa de derechos que, advierten, están siendo desmantelados por un gobierno que prioriza los intereses de los empresarios sobre la clase trabajadora ecuatoriana.
