El caso de los espías del CNI que filtraron documentos a la CIA sigue paralizado con los agentes en libertad
La jueza no prorrogó la instrucción en septiembre y mantiene sin resolver tres recursos de la defensa.
El procedimiento contra los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detenidos en septiembre de 2023 por presuntamente filtrar información clasificada a la CIA se encuentra en una situación de parálisis judicial, según ha podido saber La Razón. La jueza del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid no prorrogó la instrucción en septiembre pasado y mantiene sin resolver al menos tres recursos presentados por la defensa entre octubre y noviembre de 2025. El abogado de los espías presentó hace unos días un nuevo escrito para impulsar la causa, pero las fuentes consultadas señalan que la magistrada aún tiene pendiente elevar los recursos a la Audiencia Provincial. Mientras tanto, el capitán de navío J.A.P.S., jefe del área de Rusia en el CNI, permanece en libertad provisional desde finales de 2024, con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.
La investigación se originó tras un control de seguridad interno en el CNI que detectó comportamientos irregulares. Según el sumario, el capitán habría accedido a documentos de “contenido muy sensible para la Seguridad del Estado” no relacionados con su trabajo, incluyendo fotografías de vacantes del centro con nombres clave y siglas, así como datos personales de integrantes del CNI. La Fiscalía sostiene que el espía mantuvo al menos tres encuentros “casuales” en Madrid con miembros de servicios de inteligencia extranjeros. La defensa, por su parte, ha solicitado sin éxito las autorizaciones judiciales para las intervenciones telefónicas y los seguimientos, una petición que el Tribunal Supremo rechazó al considerar que “no es competente para tramitar”. El letrado sostiene que esos permisos “simplemente no existen”, lo que motivó que la jueza decretara la libertad provisional del capitán tras más de un año en prisión.
El caso provocó cierta tensión diplomática con EE.UU. en su momento. La entonces embajadora estadounidense, Julissa Reynoso, aseguró al Gobierno español que la operación "fue impulsada por Donald Trump durante su primera legislatura y no por la administración de Joe Biden". A los dos espías estadounidenses implicados se les retiró la acreditación diplomática y regresaron a su país. Las relaciones entre los servicios de inteligencia de ambos países habrían quedado resentidas, especialmente porque el Estado español suele compartir información de forma fluida con sus aliados estadounidenses. Fuentes del CNI consultadas por el diario mostraron su "incomprensión" por el método empleado por Washington.
La parálisis judicial del caso contrasta con el renovado protagonismo de las relaciones bilaterales en el contexto de la guerra contra Irán. Este mismo viernes, Donald Trump calificó de “cobardes” a los aliados de la OTAN que no colaboran en la seguridad del estrecho de Ormuz y respaldó la propuesta del senador Lindsey Graham de retirar las bases militares del Estado español y otros países que, según él, "no apoyan su ofensiva". Mientras Washington presiona a Madrid para que se implique de forma más directa en la guerra, la investigación por la filtración de secretos a la CIA languidece en los juzgados, sin avances sustanciales y con los principales acusados en libertad.
