Un estudio académico revela el trauma colectivo y la violencia machista de las infiltraciones policiales

Un estudio publicado recientemente en la revista Tendencias Sociales del Departamento de Sociología de la UNED y la Asociación Madrileña de Sociología ha analizado los impactos de las infiltraciones policiales en movimientos sociales de Madrid durante la última década, concluyendo que estas prácticas constituyen “un dispositivo multidimensional de control social” que genera “trauma colectivo, fragmentación organizativa y desconfianza estructural”. El trabajo, firmado por el investigador Alexandre Méaude, combina entrevistas, grupos de discusión y observación participante con activistas afectados por las operaciones de la Brigada de Información de la Policía Nacional. El estudio identifica al menos doce casos de agentes infiltrados en el Estado español desde 2022, entre ellos los de Madrid: Sergio G.A. (2014–2021) y Juan Carlos P.G. (2020–2022) en el colectivo juvenil Distrito 14; Lucía Rodríguez de Ves (2020–2023) en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid; Mavi L.F. (2022–2023) en Rebelión o Extinción y Futuro Vegetal; y Marta “la Estupa” (1986–2021), que permaneció más de dos décadas en la Coordinadora Antifascista de Madrid y Madres Contra la Represión.

El trabajo documenta cómo la revelación de la infiltración provoca un “shock inicial” y una “profunda disonancia” que lleva a las víctimas a replantearse los momentos vividos con el agente. Una militante de Distrito 14 relata que el infiltrado “Sergio” se relacionó con ella desde los 15 años, llegando a dormir en su casa tras las asambleas: “Te sientes utilizado por una persona durante muchos años con unos intereses espantosos”. El estudio señala que la desconfianza se vuelve “estructural”, afecta tanto a espacios militantes como a la vida personal, y expulsa a muchas víctimas de la militancia. Según el Centro Sira, especializado en atención psicosocial a víctimas de represión, entre el 72% y el 85% de las personas afectadas reportaron pérdida significativa de autoestima y un 70% de las mujeres experimentaron pensamientos suicidas vinculados a “la vergüenza y humillaciones sufridas”.

“Para mí es la metáfora del Estado violador”

La investigación pone el acento en la dimensión de género de estas prácticas. Cinco mujeres que mantuvieron relaciones sexoafectivas con el agente infiltrado Daniel Hernández Pons (Barcelona, 2020–2022) presentaron una querella por abusos sexuales, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos. La jurista Sara López Martín, entrevistada en el estudio, sostiene que “para que pueda haber consentimiento, tú tienes que saber quién es la persona con la que te acuestas; claramente estamos frente a una práctica de violencia machista”. La investigadora Bárbara Tardón añade: “Para mí es la metáfora del Estado violador. Los tratados internacionales dicen que el Estado no solo tiene el deber de proteger los derechos humanos, sino que además no puede ser quien los vulnere”. El estudio subraya que 6 de las 12 personas infiltradas identificadas son mujeres, pese a que representan solo el 18,79% del cuerpo policial, lo que apunta a un uso estratégico de lo femenino para generar confianza.

Frente a la represión, los movimientos han desarrollado estrategias de resistencia: protocolos de seguridad redes internacionales de apoyo y materiales pedagógicos como el manual Cómo destapar a un policía infiltrado, elaborado por afectados de Distrito 14 junto a otros colectivos. La presentación de esa guía en Málaga en mayo de 2025 fue impedida por la policía, según informó El Salto. El estudio concluye que las infiltraciones “constituyen una vulneración directa de principios democráticos como el derecho de reunión y el derecho a la protesta” y reclama un marco jurídico claro con supervisión judicial, así como dispositivos de atención psicosocial con enfoque político que “no patologicen la resistencia”.