La red empresarial que rodea a Santiago Abascal ha quedado expuesta tras las críticas de los disidentes que reclaman un congreso extraordinario en Vox. El foco se ha centrado en Tizona Comunicación, la empresa de los asesores Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, que facturó casi 1,3 millones de euros a Vox en un solo año después de que el partido desembarcara en las instituciones, según han confirmado a El País fuentes conocedoras de la contabilidad interna de la formación. A esta cifra se suman los más de 516.000 euros que ya recibió en 2019 por servicios de "carácter genérico", lo que llevó al Tribunal de Cuentas a citar al tesorero y al gerente de Vox para pedir explicaciones por estas adjudicaciones "a dedo".

Desde 2024, Tizona recibe un pago mensual de 22.145 euros, más IVA, según un contrato publicado por El Confidencial. El partido fascista, que ha abierto expediente para expulsar al exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo por sus declaraciones críticas, defiende la legalidad de todas sus operaciones: “Las cuentas del partido, y el trabajo de todos nuestros proveedores, están auditados por el Tribunal de Cuentas”, han respondido fuentes de Vox.

Los críticos, sin embargo, señalan la existencia de un "entramado paralelo" que se alimentaría de los recursos públicos que recibe el partido, al menos 50 millones en subvenciones públicas desde 2021. García-Gallardo, en su entrevista a El Mundo, acusó a Abascal de haberse embolsado un “tercer sueldo” a través de un proveedor que pagó a su mujer 60.000 euros, y aseguró que los asesores han convertido Vox en “su particular gallina de los huevos de oro”. Iván Espinosa de los Monteros, otro de los purgados, reclamó que se pueda ver “euro por euro” el destino del dinero.

La red empresarial incluye la editorial IVAT, que edita libros ultraderechistas internacionalmente y paga desde 2019 a la esposa de Abascal, Lidia Bedman, por “consultoría en redes sociales y marketing”. El holding también controla la antigua sede del partido y participa en la fundación Disenso, que ha recibido más de 10,9 millones de euros de Vox en tan solo cinco años. Tanto Méndez-Monasterio como Ariza carecen de cargo formal en el partido, pero negocian con presidentes autonómicos y acompañan a Abascal en sus viajes internacionales.

Vox responde

En respuesta a las informaciones publicadas, Vox ha emitido un comunicado en el que defiende el trabajo de Tizona durante los años “cruciales” para el partido. Según la nota, publicada por el partido en la red social X, la consultora “tuvo una plantilla de entre 20 y 25 profesionales en 2019 y 2020” , y sus servicios incluyeron “asesoría en comunicación, diseño y producción de materiales audiovisuales, gestión de la página web, formación de candidatos, redacción de discursos y gestión de relaciones internacionales”. El partido destaca que Tizona fue merecedora de los “prestigiosos premios Napolitan Victory Awards (conocidos como los Óscar de la política) en su edición de 2020”. Además, subraya que todos los contratos fueron auditados por el Tribunal de Cuentas sin que “este señalara ninguna irregularidad”, y que algunos trabajadores de la consultora se incorporaron después a la estructura del partido “dada su demostrada valía e implicación”.

Sin embargo, la presunta trama empresarial de los asesores de Vox ha sido criticada también por la opacidad de sus sociedades, que comparten sedes y administradores, y por la falta de transparencia en los pagos de la fundación Disenso, que no detalla quiénes son sus proveedores. Mientras la dirección de Vox se aferra a la legalidad formal de sus cuentas, los disidentes exigen un congreso extraordinario para debatir el rumbo de un partido que, según ellos, "se ha convertido en un instrumento al servicio de los intereses particulares de su cúpula". La respuesta oficial de Vox, al reivindicar el trabajo de Tizona y sus premios, no desmiente el volumen de facturación ni la concentración de contratos en una empresa sin empleados directos, pero sí pone el acento en la etapa de expansión del partido y en que "la justicia no ha encontrado ilegalidades". La batalla interna, sin embargo, está lejos de cerrarse: la disputa de las cuentas seguirá siendo el campo donde se dirima el futuro de la extrema derecha española.