La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave de la historia”, con 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones, según informó Noticias ONU. Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos países que votaron en contra, mientras que las abstenciones incluyeron a prácticamente todos los países del llamado bloque occidental, entre ellos el Estado español. La iniciativa fue impulsada por Ghana en nombre del Grupo Africano y se presentó coincidiendo con el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, conmemorado cada 25 de marzo.

El texto aprobado subraya “la magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas” de un sistema de explotación que se prolongó durante más de cuatro siglos y que constituye “el primer régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua”. El documento menciona los instrumentos legales que legitimaron semejante aberración, desde las bulas papales de 1452 y 1455 que autorizaban la reducción de africanos a “esclavitud perpetua”, hasta el Código de Esclavos de Barbados de 1661 y el Código Negro francés de 1685. También reconoce “el carácter excepcionalmente generizado” de la trata, que sometía sistemáticamente a las mujeres y niñas africanas a violencia sexual, reproducción forzada y servidumbre doméstica.

En un punto clave, la Asamblea General reafirma que “los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción”, en consonancia con un principio presente en todas las tradiciones jurídicas y morales africanas. La resolución subraya que los Estados son responsables de los hechos internacionalmente ilícitos y “tienen la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado”. Por ello, exhorta a los Estados miembros a “entablar un diálogo inclusivo y de buena fe en materia de justicia reparadora”, que incluya una “disculpa plena y formal, medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y modificaciones legales para combatir el racismo sistémico”. También solicita “la restitución inmediata, sin trabas y sin costo alguno de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos y documentos” sustraídos durante el período esclavista.

La oposición de Estados Unidos, Israel y Argentina sitúa a estos tres países en una posición minoritaria frente al consenso global que respaldó la iniciativa no vinculante, impulsada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos. En el caso de Washington, la postura se alinea con su histórica resistencia a reconocer responsabilidades reparatorias por la esclavitud, una cuestión central para las comunidades afrodescendientes dentro del país. La delegación argentina se desmarcó del bloque latinoamericano que mayoritariamente apoyó la iniciativa, mientras que Israel optó por rechazar un texto que hace referencia a un capítulo histórico significativo del colonialismo europeo. La resolución, que coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, no tiene carácter vinculante.