Comisiones Obreras (CCOO) presentó el pasado jueves su informe Ni un día menos, en el que analiza el aumento de la incapacidad temporal (IT) y lanza una batería de propuestas. Si bien el sindicato rechaza el discurso empresarial del “absentismo” como fraude masivo y en señalar causas reales como el envejecimiento de la plantilla, la saturación de la sanidad pública, la intensificación del trabajo y el subregistro de enfermedades profesionales, la solución central que propone —entregar el tratamiento de todas las lesiones musculoesqueléticas (lumbalgias, esguinces, dolencias de espalda y articulaciones) a las mutuas desde el primer día bajo “presunción de laboralidad”— resulta ambigua y arriesgada para la clase trabajadora.

En la práctica, CCOO propone que estas entidades privadas, controladas por asociaciones patronales, asuman desde el minuto uno el tratamiento de patologías frecuentes en el mundo laboral. La mutua se encargaría de todo “hasta el último día”, con supuesta “agilidad”, y luego el INSS decidiría quién paga. Si resulta ser contingencia común, el dinero público compensaría a la mutua. Es decir: se externaliza el control y la gestión sanitaria a quien históricamente ha tenido interés en dar altas rápidas, derivar lesiones laborales a “comunes” para ahorrar costes a las empresas y presionar a los trabajadores en baja.

Las mutuas no son “recursos ociosos” neutrales. Son asociaciones de empresarios que gestionan cotizaciones sociales (dinero de los trabajadores) pero responden a intereses privados. Su modelo genera un conflicto de intereses estructural: cuanto antes vuelva el trabajador al puesto —incluso si no está recuperado—, mejor para la cuenta de resultados de la empresa. Entregarles más poder bajo la coartada de “recuperación más rápida” es poner al lobo a cuidar de las ovejas.

Además, CCOO emplaza la propuesta corporativista de exigir sillones en los órganos de dirección de las 18 mutuas existentes “para fiscalizar el dinero público”. En lugar de exigir la eliminación del mutualismo patronal y su sustitución por una gestión 100% pública, independiente y bajo control real de los trabajadores, el sindicato mayoritario prefiere integrarse en el aparato de la burguesía para “vigilarlo”. Aquí se condensa el clásico molde de sindicalismo de concertación: negociar cuotas de poder institucional a cambio de legitimar un modelo que diluye la lucha de clases y mantiene el statu quo.