Desabastecimiento en el 12% de las gasolineras francesas
TotalEnergies agota el combustible en sus gasolineras mientras Macron rechaza aplicar ayudas directas a la población para priorizar el "ajuste del déficit público".
El 12% de las gasolineras del Estado francés se han quedado sin algún tipo de combustible debido a lo que el Ejecutivo francés califica como una "afluencia infrecuente" de clientes en las estaciones de la multinacional TotalEnergies. Los datos oficiales, publicados por el Gobierno este lunes 6 de abril, confirman que las estaciones de servicio de este gigante petrolero concentran la falta de suministro. Esta situación se produce después de que la empresa, bajo una fuerte presión política que incluye exigencias de nacionalización y de nuevos impuestos a sus beneficios, decidiera limitar sus precios a 1,99 euros por litro de gasolina y 2,09 euros por litro de gasóleo.
La red de TotalEnergies, que controla un tercio de las estaciones en el Estado francés, aplica actualmente precios que están "netamente por debajo del precio medio en el país", que se situó este domingo en 2,307 euros para el gasóleo y 2,014 euros para la gasolina. Fuentes del Ejecutivo francés atribuyen la falta de producto a "tensiones logísticas locales y puntuales". La petrolera, por su parte, afirma que mantiene una "política transparente de fijación de precios" basada en "trasladar los costes internacionales", aunque el aumento de la demanda ha desbordado su capacidad de reposición.
En este contexto de encarecimiento y especulación, el Gobierno francés ha advertido que no pondrá en marcha un plan de ayudas masivo para los trabajadores similar al de 2022. La administración justifica esta decisión en la "situación muy delicada de sus finanzas públicas" y asegura que cualquier gasto adicional para aliviar el coste de los carburantes "irá acompañado de un recorte equivalente en otra partida presupuestaria". Con esta medida, el Ejecutivo prioriza el cumplimiento de sus objetivos de déficit y la estabilidad del capital por encima de la protección del salario real de la mayoría social, que queda expuesta a la volatilidad del mercado energético controlado por grandes grupos privados.
Las únicas medidas anunciadas por el Gobierno consisten en ayudas selectivas con un coste de 130 millones de euros, destinadas únicamente a sectores específicos como agricultores, pescadores y beneficiarios de subsidios energéticos. Mientras el Estado limita su intervención, el resto de la clase trabajadora se enfrenta a precios elevados en un mercado donde la distribución depende de decisiones empresariales. El desabastecimiento actual en las estaciones de TotalEnergies evidencia la fragilidad de un sistema de suministro básico gestionado bajo criterios de rentabilidad y expuesto a las aventuras militares de EEUU e Israel, dejando a las familias obreras sin garantías de acceso al combustible ante la negativa oficial de movilizar recursos públicos.
