Miles de jubilados japoneses forzados al pequeño hurto para obtener techo y comida en prisión
Las pensiones de miseria y la soledad provocan que la mitad de los hurtos en Japón sean cometidos por personas mayores de 65 años que buscan ser encarceladas para sobrevivir.
En Japón, el país con la población más envejecida del mundo, la exclusión económica y el debilitamiento de las redes de apoyo están desplazando a miles de personas de la tercera edad hacia el sistema penitenciario. Según datos recogidos por el portal Laboral Pensiones y el informe Japan Daily, cada año unos 5.000 jubilados cometen delitos menores de forma deliberada con el objetivo de ingresar en prisión. Esta tendencia ha provocado que, en la actualidad, cinco de cada diez robos en tiendas sean perpetrados por mayores de 65 años, una cifra que se ha duplicado en la última década, quedando en evidencia que el capitalismo ha fracasado en su promesa de garantizar la subsistencia mínima a su clase trabajadora retirada, lo que oscurece las perspectivas de futuro.
La motivación principal de estos arrestos "voluntarios" es cubrir las necesidades básicas que el actual sistema de protección social japonés no cubre. Los ancianos utilizan el robo reiterado como un mecanismo para asegurar "un techo, comida y atención médica", además de paliar la soledad derivada de la ruptura de los lazos familiares. El código penal japonés, altamente punitivo contra los delitos asociados a la pobreza, hace el resto del trabajo: sustraer alimentos como kimchi por un precio inferior a los dos euros puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel, que se elevan a cinco en caso de reincidencia, convirtiendo los centros penitenciarios casi en geriátricos de facto.
El contexto de esta crisis reside en la insuficiencia de las transferencias públicas. En el país nipón no se destinan suficientes fondos para pagar pensiones, lo que obliga a gran parte de la población bajo riesgo de pobreza a buscar ingresos complementarios en puestos de trabajo precarios hasta los 80 o 90 años. Para las mujeres, la situación es aún más crítica: la pensión media mensual de ellas es de unos 310 euros (50.000 yenes). Ante la falta de vacantes en el mercado laboral y la pauperización de sus condiciones de vida, la cárcel se presenta como la única alternativa frente a la indigencia o el suicidio. Dentro de instituciones como la prisión de Fuchu en Tokio, los internos son sometidos a ocho horas de trabajo obligatorio, donde los más ancianos realizan tareas como "ordenar y doblar pañales o toallas" en estricto silencio.
La estructura social japonesa, caracterizada por una estricta moralidad que penaliza el fallo individual, agrava el ciclo de exclusión. El jurista Tatsuya Ota señala que "la sociedad japonesa no los acepta" una vez han cumplido condena, lo que provoca que las familias den la espalda a los exconvictos. Este estigma garantiza que, tras recuperar la libertad, los ancianos carezcan de redes de apoyo, viéndose empujados a reincidir para retornar al único espacio donde tienen garantizada la comida y el calor. "En prisión, la gente me ve. Fuera, soy invisible", relata una antigua interna de 80 años a los investigadores del Japan Times.
Este fenómeno deja al desnudo la irracionalidad del sistema: la tecnología, la ciencia y la abundancia material real avanza y la esperanza de vida se alarga —87 años para las mujeres y 81 para los hombres—, junto al desmantelamiento de las garantías sociales y niveles extremos de desposesión, provocando una inmensa pobreza relativa. En definitiva, las vidas se alargan, pero en muchos casos, solo pueden ser vividas en prisión.
