El Sindicatu de Vivienda d’Asturies logra aplazar el desahucio de una familia monomarental

La movilización del Sindicatu de Vivienda d’Asturies ha conseguido aplazar el desahucio de M. y su hija de seis años, previsto para este viernes 10 de abril en el barrio ovetense de La Corredoria. La empresa pública de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) pretendía expulsar de su hogar a esta familia monomarental, víctima de violencia de género y con ingresos mínimos, en el número 6 de la calle Carlos Prieto. Según ha informado el Sindicatu, la suspensión temporal obtenida en los juzgados otorga cierto margen de tiempo para buscar una solución definitiva ante lo que entienden como una ofensiva de la administración contra los sectores más vulnerables.

La suspensión se produce después de que el Sindicatu de Vivienda acudiera a las oficinas de Vipasa para forzar una negociación que evitara el desalojo. La organización denuncia que "ninguna persona con capacidad de decisión real", como la gerente o los miembros del Consejo de Administración, se presentó a la cita. Como consecuencia, las trabajadoras de la empresa pública se limitaron a aplicar los protocolos internos y "no ofrecieron ninguna solución" para garantizar el derecho a la vivienda de la mujer y la menor, dejando la ejecución del desahucio en manos de la fuerza pública hasta la intervención judicial in extremis.

Desde el Sindicatu de Vivienda d’Asturies señalan directamente la responsabilidad política de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y de la Dirección General de Vivienda, a cargo del PSOE. La organización identifica como responsables de este intento de desahucio a Ovidio Zapico (consejero), Jesús Daniel Sánchez (director general) y Marta Pulgar (gerente de Vipasa). El sindicato exige que estos responsables "se sienten a negociar un nuevo contrato de alquiler" para la familia, denunciando que una entidad pública está gestionando la vivienda "bajo criterios de rentabilidad o exclusión", en lugar de cubrir necesidades sociales básicas.

Esta victoria temporal y parcial ha sido atribuida a la capacidad de presión de la organización sindical, señalando que el aplazamiento habría sido "impensable" sin la acción colectiva. El Sindicatu ha advertido de que la lucha por el caso de M.A. "no es más que el principio" y que mantendrán la presión sobre los aparatos de la administración asturiana. La organización recuerda la responsabilidad directa del Gobierno del Principado en la gestión de la vivienda pública, instando a las instituciones a abandonar la vía del desahucio y formalizar el arrendamiento de la familia afectada.