La Audiencia Provincial de Uesca (Aragón) ha condenado a Mateo Millán —identificado en la sentencia como Mateo M.N.— a 14 años y seis meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a una menor de 16 años y por acoso. Millán, integrante de la conocida como “manada de Huesca”, es el mismo individuo de ideología neonazi que fue detenido en 2024 por participar en una brutal paliza de carácter ideológico en la zona del Tubo. El fallo judicial conecta de forma directa el historial de violencia fascista con la violencia machista más extrema, ejercida en un contexto de intimidación y control prolongado.

El historial delictivo de Millán ya era conocido por las fuerzas policiales y el movimiento popular de la ciudad. En 2024, fue arrestado junto a Daniel Martín —otro militante del entorno neonazi con antecedentes violentos— por propinar una paliza a un joven por motivos ideológicos, causándole graves daños físicos y psicológicos. Aquel ataque, cometido por un grupo de diez agresores que patearon a la víctima mientras estaba en el suelo, desató una de las mayores movilizaciones antifascistas recientes en Uesca, donde un millar de personas denunció que estos ataques son fruto de un clima de impunidad para los grupúsculos fascistas.

A diferencia de los otros dos condenados en el proceso por agresión sexual, Juan Ramón G.L. y Antonio G.G., Millán fue el único que rechazó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. Mientras que sus cómplices han recibido penas superiores a los cinco años, la condena de Millán se eleva a casi quince años de cárcel, a los que se suman medidas de libertad vigilada, alejamiento e inhabilitación absoluta para trabajar con menores. En total, las penas impuestas a los tres violadores superan los 26 años de prisión, reconociendo el daño causado por las agresiones reiteradas y las amenazas.

La implicación de sujetos fascistas implicados en delitos de violencia sexual refuerza las tesis de los movimientos sociales que, ya en 2024, advertían sobre el peligro que suponía la presencia de estos individuos en las calles altoaragonesas. Durante la manifestación del 20 de noviembre de aquel año, la Coordinadora Antifascista señaló la connivencia institucional y la falta de medidas contundentes por parte del Ayuntamiento, entonces dirigido por Lorena Orduna, a quien el resto de grupos políticos —excepto PP y Vox— exigieron sin éxito una "comisión de seguridad urgente".