La huelga de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cumple más de un año sin que la empresa pública Tragsa ni el Gobierno regional hayan accedido a negociar mejoras laborales. El comité de huelga ha denunciado el "bloqueo" sistemático por parte de la adjudicataria, a la que acusan de incumplir la Ley Básica de Bomberos Forestales y de vulnerar derechos fundamentales como la libertad sindical. En palabras del colectivo, Tragsa, que presenta resultados económicos millonarios anualmente, se niega a redistribuir esos beneficios en la plantilla que garantiza la protección del medio natural madrileño.

El conflicto se agrava por la "dejación de funciones" de la Comunidad de Madrid, titular última del servicio. La nota de prensa emitida por los representantes de los trabajadores señala que el director de Emergencias ha rechazado reunirse con ellos pese a llevar tres meses solicitando interlocución. "La Comunidad de Madrid continúa actuando como si este conflicto no fuera con ella", lamenta el comité, subrayando que la falta de presión institucional sobre la empresa pública deja al servicio en una situación de extrema precariedad a las puertas de la campaña de alto riesgo de incendios.

La precariedad material del servicio se traduce en salarios que apenas alcanzan los 1.300 euros mensuales por realizar tareas de extinción, prevención y atención a emergencias climáticas como las DANA. A esta situación se suma el incumplimiento de la normativa de salud laboral: la Inspección de Trabajo ya ha requerido a Tragsa y a la Comunidad de Madrid que implementen un plan de protección frente a agentes cancerígenos, una obligación legal que el ente sigue ignorando pese a la exposición directa del personal durante los incendios.

De cara al verano, el dispositivo llega debilitado por un recorte drástico de personal. El comité de huelga cifra en 110 los efectivos perdidos, pasando de 530 a 420 trabajadores tras la reducción de dos componentes por cada brigada. Estas unidades representan casi el 50% del personal de guardia diario en la campaña de verano, por lo que la pérdida de fuerza laboral afecta directamente a la capacidad operativa de respuesta. Además, denuncian que durante el invierno se han recortado un 50% los trabajos preventivos, lo que, sumado al crecimiento de combustible vegetal por las lluvias recientes, eleva el riesgo de grandes incendios.

Los bomberos forestales exigen una "negociación inmediata" para poner fin a la temporalidad y garantizar la seguridad en los bosques. Advierte de que el conflicto continuará activo mientras las instituciones sigan priorizando el ahorro presupuestario y el beneficio empresarial de Tragsa sobre la protección del patrimonio natural y las condiciones de vida de quienes lo defienden. "La huelga sigue porque el conflicto sigue", sentencian desde el comité.