La empresa cementera francesa Lafarge, condenada por financiar al ISIS en Siria
La justicia francesa impone seis años de cárcel e ingreso inmediato en prisión al ex-director general de la multinacional por pactar con grupos salafistas para obtener ganancias.
El tribunal correccional de París ha dictado una sentencia histórica contra el gigante cementero Lafarge —hoy absorbido por el grupo suizo Holcim— y ocho de sus antiguos directivos por la financiación del Estado Islámico (ISIS) y demás grupos mercenarios salafistas en Siria durante los años 2013 y 2014. El fallo, recogido por Le Monde, condena al ex-director general de la compañía, Bruno Lafont, a seis años de prisión con ingreso inmediato, siendo arrestado en la mismísima sala de audiencias. El tribunal considera probado que la multinacional del CAC 40 estableció un "verdadero entramado comercial" con el ISIS para mantener operativa su planta de Jalabiya mientras el país se desangraba en medio de la guerra.
La sentencia establece que Lafarge, a través de su filial siria LCS, transfirió cerca de 5,6 millones de euros a organizaciones salafistas, incluyendo al Frente Al-Nusra y al ISIS. Según la presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, estos pagos no fueron un simple "impuesto revolucionario", sino una vía "esencial" que permitió al ISIS financiar atentados, incluidos los cometidos en Europa en enero de 2015, incluida Francia. El tribunal subraya la "gravedad extrema" de los hechos, destacando que la empresa priorizó sus intereses económicos y la inversión de 680 millones de euros en la fábrica por encima de la seguridad de su millar de trabajadores y de la legalidad internacional.
Junto a Lafont, otros siete altos directivos han recibido penas de entre dieciocho meses y siete años de cárcel. Entre ellos destaca Christian Herrault, ex-director general adjunto, condenado a cinco años con encarcelamiento inmediato. Durante el proceso, la defensa intentó justificar la permanencia en Siria como una medida para proteger los empleos de los asalariados locales, argumento que el Ministerio Público calificó de "desviación" con fines meramente lucrativos. La empresa ha sido condenada a la multa máxima de 1.125 millones de euros, una cifra que para los observadores resulta simbólica frente al volumen de negocio de la entidad.
El sistema de pagos, canalizado a través del intermediario Firas Tlass, servía tanto para adquirir materias primas en zonas controladas por los salafistas como para garantizar que trabajadores y mercancías cruzaran los controles militares de la zona. Pese a los millones invertidos en estos pactos con los mercenarios salafistas, la planta de Jalabiya tuvo que ser evacuada a toda prisa y sin plan de seguridad el 18 de septiembre de 2014 ante el avance del ISIS, que tomó las instalaciones al día siguiente.
Lafarge ha emitido un comunicado asegurando que "toma nota" de la decisión por unos hechos que califica como "una violación de su propio código de conducta cometida hace una década". Mientras la empresa intenta cerrar este "expediente del pasado", la sentencia deja al descubierto la impunidad con la que el capital transnacional opera en escenarios de guerra, llegando a subvencionar directamente a estructuras que dice perseguir, todo con tal de asegurar la rentabilidad de sus negocios. La defensa de Lafont ya ha anunciado que recurrirá el fallo y solicitará su puesta en libertad.
