La comunidad educativa se moviliza contra el desmantelamiento de la pública

El sector educativo madrileño confluirá el próximo domingo 19 de abril en una manifestación que partirá de Atocha a las 12:00 horas hacia la Puerta del Sol. La protesta, convocada por sindicatos como CGT, CNT y plataformas como Menos Lectivas o el Sindicato de Estudiantes, se produce tras un periodo de extrema inestabilidad institucional que culminó el pasado 16 de febrero con el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación. Según fuentes sindicales, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atribuyó el relevo a la gestión de la Ley de Enseñanzas Superiores (LESUC) y al conflicto con los rectores, el cese sería una "victoria de la movilización" frente a la incapacidad oficial de frenar el descontento en las aulas.

La llegada de Mercedes Zarzalejo a la consejería no ha desactivado los conflictos materiales que asfixian a los centros. Desde CGT Enseñanza Madrid denuncian que la administración sigue priorizando los "intereses del mercado" mediante la transferencia de recursos al sector privado, mientras las familias de los barrios trabajadores sufren la falta de plazas en la etapa 0-3 años. La situación de las infraestructuras sigue siendo crítica: el sindicato señala que el alumnado continúa dando clase en "barracones y grupos masificados", enfrentando temperaturas extremas de hasta "40ºC en junio" debido al abandono de la inversión pública en climatización y mantenimiento.

En el primer ciclo de Educación Infantil, las trabajadoras mantienen una huelga indefinida desde el 7 de abril, apoyada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). En esta lucha reclaman el fin de su consideración como un simple "servicio de conciliación" y exigen salarios dignos —actualmente anclados en el SMI— y una bajada de ratios. Para sostener el esfuerzo sindical, han organizado una caja de resistencia que busca paliar el impacto económico en unas plantillas ya precarizadas. Según las huelguistas, la "asfixia económica" es una estrategia dirigida a favorecer la externalización de servicios y la degradación de las condiciones de vida de las trabajadoras.

La crisis se extiende a la Educación Secundaria y la Formación Profesional, donde la falta de plazas para prácticas y el recorte de horas lectivas mantienen en pie de guerra a los docentes. Asimismo, el personal de administración y servicios denuncia un "ERE encubierto" tras ser convertidos en fijos discontinuos, lo que ha supuesto una pérdida efectiva de derechos laborales. En las universidades, el bloqueo de la financiación y la oposición frontal de la comunidad académica a la LESUC marcan una hoja de ruta que, según los convocantes de la marcha del 19 de abril, busca "elitizar el acceso a la educación superior" y aumentar la segregación social.

La movilización del domingo pretende aglutinar todas estas reivindicaciones bajo el lema Salvemos la Educación Pública, señalando que la degradación del sistema no es accidental sino una decisión política del Ejecutivo regional. Las organizaciones convocantes advierten de que la presión contra los nuevos responsables y la presidencia de la Comunidad de Madrid continuará "gobierne quien gobierne", vinculando la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes con el derecho de la clase trabajadora a una educación pública, gratuita y de calidad.