23 muertes ocultas por enfermedades profesionales por cada “accidente” mortal en el trabajo

Morir en el trabajo no es un fenómeno accidental ni una fatalidad del destino, sino una consecuencia material de la posición que se ocupa una clase social determinada en este modo de producción. Los datos del inicio de 2026 confirman esta sangrante realidad: en los dos primeros meses del año, 104 personas trabajadoras perdieron la vida en el Estado español, lo que supone un repunte del 6,12% respecto al año anterior. Esta violencia estructural se ensaña con los sectores precarizados, especialmente aquellos expuestos a trabajos peligrosos; mientras la incidencia en la construcción se multiplica por cuatro, la mortalidad de los peones manuales es 500 veces superior a la de los técnicos. La estadística de 2025 ya anticipaba este drama: hasta noviembre, el sindicato USO contabilizaba 686 fallecidos, certificando que en el Estado español mueren, de media, más de dos personas al día por verse obligadas a vender su fuerza de trabajo para poder vivir; una actividad que, paradójicamente, les acaba arrebatando la vida.

Este pasado fin de semana de mediados de abril confirma esta letalidad. En Sevilla (Andalucía), un trabajador de apenas 37 años “falleció” tras ser aplastado por una cuba de hormigón; un siniestro que eleva a 13 las muertes en la provincia este año y que, según declaraciones de Carmen Tirado (CCOO) en el diario Público, se debe directamente al incumplimiento de la normativa sobre planificación y señalización en las obras. Casi simultáneamente, en Tarazona de la Mancha (Albacete, Castilla La Mancha), un operario de 54 años perdió la vida el pasado domingo al caerle encima un vehículo que reparaba en una empresa de estructuras metálicas.

En Vallada (València), un operario de grúa de 32 años murió atrapado por su propia maquinaria mientras asistía a un tractor volcado. A pesar de la movilización de helicópteros y unidades de Soporte Vital, la tragedia laboral se impuso nuevamente. Todos estos hechos y los que les preceden no son sucesos aislados, sino el resultado de un sistema que prioriza la velocidad y la cantidad de la producción sobre la vida de quienes la ejecutan. Los sindicatos coinciden en que estos “accidentes” son evitables, mientras señalan directamente a las deficiencias en la prevención y la falta de control efectivo de la administración. Sara García (USO) denuncia que la reducción porcentual de algunos indicadores no puede maquillar una realidad dramática general, donde el sector de la construcción ha visto dispararse su mortalidad un 21,9% hasta finales del pasado año.

A la violencia directa de los impactos mecánicos se suma la invisibilización sistemática de otras subcategorías de mortalidad laboral, que siguen pasando bajo radar de la opinión pública a pesar de su gigantesca dimensión social: las enfermedades profesionales y la fatiga del trayecto. Los "accidentes" in itinere aumentaron un 2,5% debido a jornadas extenuantes y turnos irregulares que disparan el estrés. Mientras la clase obrera manipula 20.000 sustancias tóxicas, solo el 0,23% de los tumores son reconocidos como origen profesional, un blindaje legal de las mutuas que ahorra costes a las empresas a costa de la salud pública obrera. Mariano Sanz (CCOO) es tajante al respecto: en el 35% de los accidentes con baja ni siquiera existía una evaluación de riesgos, una obligación legal teórica que la patronal ignora impunemente porque no hay un movimiento obrero fuerte y combativo que se lo recuerde. Mientras tanto, la patronal CEOE ha bloqueado la reforma de la ley para evitar que la seguridad de la clase trabajadora recorte sus beneficios, mientras la Inspección de Trabajo carece de medios efectivos para vigilar un sistema que sigue generando más de un millón de "accidentes" en un solo año.

15.778 víctimas de enfermedades laborales hasta noviembre de 2025

El dato oficial de "dos muertes al día", por tanto, es por lo menos la punta del iceberg, cuando no una falsedad estadística que beneficia a la patronal al ocultar la magnitud real del problema. Según recuerda un artículo del periodista económico Juanjo Basterra en El Otro País, por cada muerte directa en "accidente laboral" se producirían al menos 23 muertes más por enfermedades profesionales, 15 de ellas por cáncer laboral reconocido por el Ministerio de Sanidad. En la UE, recuerda Basterra, incluso elevan esa proporción de 1 a 30, aunque tampoco la oficializan. Extrapolando los datos del Estado español, hasta noviembre de 2025 habrían muerto realmente 15.778 personas más debido a la falta de prevención. Esta colosal estimación de masacre obrera se oculta sistemáticamente no solo para prevenir la indignación social, sino para que los costes recaigan sobre la Sanidad Pública para salvar las ganancias de las mutuas y las empresas responsables, permitiendo que la plusvalía siga goteando al ritmo de la sangre de los trabajadores, especialmente los que comprenden la franja de edad de entre 45 y 64 años, que concentran el 70% de las víctimas mortales registradas.

La siniestralidad migrante casi duplica la media

Otras víctimas preferentes de la siniestralidad laboral son los trabajadores migrantes. Sanz aporta unos datos que recuerdan que efectivamente existe una segregación racializada y una estratificación dentro de la clase trabajadora, puesto que en algunas nacionalidades la tasa de mortalidad en el trabajo triplica la de los españoles, un dato que salta a la vista pero que casualmente es sistemáticamente ignorado por quienes tratan de encontrar correlaciones ente delitos y nacionalidad. "Las personas procedentes de Ecuador, Colombia, Marruecos y Senegal son las que cuentan con un índice de siniestralidad más elevado, llegando casi a duplicar la incidencia media", señala el informe de CCOO citado por Público.

Cifras acumuladas

Desde que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1996, 30.171 personas (29.918 trabajadores y 253 directivos) han perdido la vida en el trabajo, convirtiendo los centros de trabajo en auténticos mataderos donde la clase obrera siempre pone los muertos. Esta sangría sigue acumulando víctimas a las puertas del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una fecha que la clase obrera del Estado español recibe liderando el vergonzoso ranking de siniestralidad bajo el "Gobierno más progresista de la historia".

Sin una intervención que castigue ejemplarmente la criminalidad patronal y fuerce la inversión en prevención real, toda una clase seguirá a merced de los ritmos de producción, la carga de trabajo, la falta de prevención y demás circunstancias que decidirán quién vuelve a casa y quién se convierte en una cifra más en la estadística, porque trabajar sigue siendo una actividad de alto riesgo para quien no posee más que sus manos en un sistema donde la prevención es un estorbo para la acumulación y la vida humana es el coste asumible de la producción.