La estructura de la propiedad en el Estado español ha sufrido una transformación regresiva en las últimas décadas, consolidando un modelo que excluye sistemáticamente a las clases trabajadoras. Según la última Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España, el porcentaje de hogares con vivienda en propiedad ha caído del 80% en 2011 al 70,6% en 2024. Este descenso no es uniforme: la exclusión de la propiedad se ceba con las familias de menores ingresos, los jóvenes y la población migrante, quienes enfrentan niveles de "vulnerabilidad económica destacada" por la dificultad de acceso a este bien básico.

La brecha de riqueza neta entre propietarios e inquilinos es ya un abismo de clase: a finales de 2024, las familias con vivienda propia acumulaban una riqueza media de 451.700 euros, una cifra cinco veces superior a los 87.600 euros de quienes viven de alquiler. Mientras las rentas del capital y los activos inmobiliarios del 10% más rico superan ya los 2,5 billones de euros, el 20% más pobre de la población ha visto cómo su riqueza media caía un 11,7% en solo dos años (de 98.800 a 87.100 euros). Esta desposesión material evidencia que, aunque las rentas del trabajo subieron ligeramente un 3,3% anual entre 2021 y 2023, dicho incremento es insuficiente para compensar el encarecimiento de los medios de vida y la falta de patrimonio.

El factor generacional actúa como una barrera insalvable. Entre los menores de 35 años, la tasa de propiedad apenas alcanza el 36,7%, frente al 83,4% de los mayores de 74 años. El Banco de España advierte de que no se espera que las cohortes jóvenes alcancen los niveles de propiedad de sus predecesores incluso cuando cumplan años, lo que prefigura una sociedad de inquilinos pobres frente a una minoría rentista que sigue absorbiendo patrimonio y rentas. Además, mientras la deuda hipotecaria se reduce por la incapacidad de las familias para comprar, los créditos personales —generalmente destinados al consumo básico— han subido peligrosamente hasta representar el 27% del total de la deuda en los hogares más pobres.

La vivienda principal supone ya el 54,2% del precio de los activos reales de las familias, lo que refuerza su papel como único mecanismo de ahorro para las mayorías, un mecanismo que el mercado está cerrando cada vez más. Al mismo tiempo, el 10% más rico ha incrementado su patrimonio inmobiliario en la última década, acaparando propiedades mientras el 50% de la población más pobre presenta tasas de propiedad de apenas el 42,7%. Este escenario, según el supervisor, certifica que quienes no poseen una vivienda "continúan presentando niveles de riqueza neta muy reducidos", quedando atrapados en un ciclo de transferencia de rentas hacia los grandes propietarios.