Desde el pasado 13 de abril, un levantamiento obrero de masas ha dado un golpe sobre la mesa en las zonas industriales del sur de Delhi, en lo que ya se considera la mayor ola de huelgas en la región desde 2015. El conflicto, recogido por el portal angryworkers.com y varias agencias internacionales, ha escalado tras meses de tensiones socioeconómicas acumuladas, especialmente tras el aumento desorbitado del coste de la vida provocado por la guerra imperialista de EEUU e Israel contra Irán. En este ciclo de lucha, que tiene como precedente inmediato la agitación en la región de Manesar y otras olas previas, la clase trabajadora india se ha levantado para exigir una reducción de la jornada laboral a un máximo de ocho horas, el pago de salarios atrasados, la equiparación de condiciones para el personal temporal y un aumento del salario mínimo del 35%, una promesa incumplida por las patronales y sus aliados de los gobiernos locales.

La movilización actual tiene su antecedente inmediato en el movimiento de los Cascos Amarillos, que entre enero y marzo de 2026 protagonizó al menos 28 grandes huelgas en sectores estratégicos como la construcción, el acero y el petróleo. Según documentos del Migrant Workers Solidarity Network, las protestas se han radicalizado tras "accidentes" mortales, como el que se registró en la refinería de Panipat, donde 30.000 trabajadores de agencias de empleo se enfrentaron a las fuerzas represivas. La crisis energética derivada la guerra en Irán ha vuelto insostenibles los salarios de subsistencia, especialmente por el encarecimiento del gas licuado (LPG) utilizado para cocinar.

El epicentro de la furia proletaria se sitúa en Noida, un suburbio de Delhi con 650.000 habitantes y uno de los mayores cinturones industriales de Asia, que alberga potentes sectores de automoción y electrónica. Tras una semana de ser ignorados por la patronal y el Estado, entre 40.000 y 45.000 trabajadores tomaron las calles el 13 de abril. Según reporta The Indian Express, los trabajadores han lanzado piedras, quemado vehículos e incendiado fábricas, llegando incluso a superar a la policía, que en ocasiones se ha visto desbordada y ha tenido que huir. El levantamiento se ha extendido rápidamente a otros sectores, sumando a trabajadoras domésticas y repartidores de plataformas digitales, los llamados gig workers.

A diferencia de conflictos anteriores, esta ola de huelgas se caracteriza por una mayor radicalidad en las formas de lucha, el uso de bloqueos de carreteras y una mayor solidaridad entre fábricas que supera los límites geográficos y sectoriales. Por ejemplo, la huelga en la empresa de confección Richa en Manesar desencadenó paros inmediatos en su planta de Noida tras la represión policial. Ante el desbordamiento por la ferocidad de la lucha proletaria, el Gobierno local ha invocado el "Artículo 163" para prohibir las concentraciones y ha intentado restringir el uso de redes sociales como Instagram para frenar la difusión de vídeos que recojan episodios de combatividad y agitación. Mientras tanto, las organizaciones sindicales y grupos de corte reformista intentan "restaurar la calma" y piden evitar la "anarquía", mientras los gestores empresariales se ven obligados a negociar bajo protección policial.

La agitación actual se suma a la indignación provocada por las nuevas formas de explotación tecnológica. En varias fábricas de confección y electrónica, la patronal ha impuesto el uso de cámaras biométricas montadas en la cabeza de los operarios para registrar cada movimiento de sus manos. Según denuncian varios usuarios en redes sociales, estas grabaciones se utilizan como datos para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial y robots mediante aprendizaje por imitación. El objetivo de las empresas es capturar la destreza humana para, en una fase posterior de sobreacumulación, reemplazar a la fuerza de trabajo manual por máquinas y humanoides.

Esta conflictividad laboral supone un desafío frontal a la estrategia de grandes multinacionales como Apple, que en los últimos años han intentado trasladar su producción desde China a la India —bajo la etiqueta Assembled in India— buscando ahorrar costes e intentando asegurarse un mayor control sobre el proceso de trabajo. Sin embargo, las huelgas salvajes también afectan en el sector de la electrónica y la energía en estados como Gujarat, demostrando que la pujante clase trabajadora india se opone radicalmente vender su fuerza de trabajo a cualquier precio ante el gran capital internacional. El levantamiento actual pone en jaque los intereses estratégicos imperialistas de EEUU y de sus socios de la India, impidiendo la "paz social" necesaria para que los beneficios puedan fluir con plena normalidad.

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