El Estado griego sienta en el banquillo a varios anarquistas en el juicio por la explosión de Ampelokipoi

El pasado 1 de abril de 2026 arrancó en el Segundo Tribunal de Apelación Penal de Atenas el juicio contra los acusados del caso Ampelokipoi, derivado de la explosión accidental de un artefacto en un piso de la calle Arkadias de Atenas en octubre de 2024. El proceso, que se desarrolla bajo estrictas medidas de control y una notable presencia de fuerzas antidisturbios, tiene como principales señalados a los militantes anarquistas Marianna Manoura —quien resultó mutilada en el suceso—, Nikos Romanos y Dimitra Zarafeta, entre otros. La explosión segó la vida de Kyriakos Xymitiris, a quien el movimiento anarquista reivindica como un "compañero caído en la lucha", mientras que la fiscalía intenta encuadrar los hechos bajo el polémico artículo 187A del Código Penal, la denominada "ley antiterrorista".

Desde la primera audiencia, el tribunal presidido por el juez Spyridon Georgoulias mostró una postura de nula complacencia con la defensa, rechazando sistemáticamente todas las objeciones presentadas por los abogados Thanasis Kampagiannis y Kostas Papadakis. Según recogen las diferentes crónicas judiciales de Indymedia, la defensa denunció la incompetencia del tribunal para juzgar lo que consideran como actos políticos y criticó la vaguedad del auto de procesamiento, que no especifica qué organización supuestamente "terrorista" se habría constituido para cometer los hechos investigados ni cuáles eran sus objetivos concretos. Asimismo, impugnaron el primer interrogatorio de Manoura, realizado mientras se encontraba en estado crítico en el hospital, alegando una violación flagrante de sus derechos fundamentales, una queja que el tribunal desestimó sin ofrecer justificación detallada.

Manoura y Zarafeta declararon que Romanos no tenía nada que ver con el caso y que no mantiene ninguna vinculación política ni personal con ellas. Romanos es un veterano miembro del movimiento anarquista en Grecia, testigo presencial del asesinato policial de su amigo Alexis Grigoropoulos en 2008 cuando tenía tan solo 15 años y encarcelado por otros procesos. Por tanto, diferentes sectores del movimiento anarquista griego coinciden en que Romanos podría haber sido procesado arbitrariamente y sin indicios claros, a partir de una huella dactilar suya que habrían encontrado en una bolsa en el lugar de los hechos.

Manoura se reafirmó en sus declaraciones iniciales como presa política y asumió la responsabilidad política de sus ideas, aunque negó que existiera un plan organizado para causar daños a la población. "No voy a malgastar mi libertad por cosas que no hice", declaró la militante, subrayando que el el movimiento anarquista rechaza la lógica de los "daños colaterales" y toma medidas para proteger a la gente. Por su parte, Dimitra Zarafeta denunció que su privación de libertad es fruto de una manipulación y una criminalización de sus relaciones personales, señalando la responsabilidad del aparato judicial en la orquestación de casos basados en meras sospechas policiales.

En la escena anarquista ateniense corren rumores sobre una presunta presión israelí, puesto que el edificio donde explotó la bomba se situaba cerca de la embaja de Israel. Aunque no hay evidencia pública sólida, en el entorno libertario local ven plausible que el suceso hubiera generado indignación en la sede consular de los sionistas, motivando la presión diplomática y política sobre las autoridades griegas.

El juicio ha dedicado varias sesiones a los testimonios de los propietarios e inquilinos del edificio afectado, quienes describieron la inhabitabilidad de sus viviendas y la lentitud de las reparaciones. A pesar de los intentos de la prensa oficialista por centrar el foco en los daños materiales, los testimonios revelaron el abandono institucional: según el propietario de la polikatoikía, los residentes que perdieron su hogar por la explosión no están recibiendo ayuda directa del Estado y permanecen alojados en hoteles sin una solución definitiva a la vista. La defensa ha señalado las contradicciones de la investigación, destacando la ausencia de informes periciales claros en el expediente y la parcialidad con la que se ha clausurado el edificio.

Hasta mediados de abril, el proceso ha avanzado con la declaración de testigos de la defensa, como la militante Pola Roupa, quien caracterizó la acción como un "acto político" frente a la narrativa criminalizadora de las instituciones. El caso Ampelokipoi se ha convertido en un símbolo para la escena anarquista griega frente, donde los colectivos de solidaridad con los presos políticos definen como la construcción de un "enemigo interno" por parte del Estado griego. Mientras el tribunal acelera los plazos para cumplir con el límite de la prisión preventiva, la campaña internacional de apoyo exige la libertad de los detenidos y denuncia el uso de leyes de excepción para castigar la disidencia ideológica.