El sistema sanitario público bajo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, "el más progresista de la historia" ha alcanzado un máximo histórico de degradación operativa, con 853.509 personas atrapadas en las listas de espera para una intervención quirúrgica. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes a diciembre recabados por El País, la cifra de pacientes ha aumentado en 21.000 personas en tan solo seis meses. Esta saturación estructural se traduce en una espera media de 121 días para entrar en quirófano, un dato que consolida el empeoramiento del servicio respecto a 2018, cuando la demora era de 93 días, evidenciando una pérdida de capacidad de respuesta que Moncloa no ha revertido tras la pandemia.

Mientras la atención primaria y las consultas de especialistas sufren demoras crónicas —con un 61,5% de pacientes esperando más de dos meses para ver a un facultativo—, el Gobierno ha ejecutado un trasvase masivo de recursos públicos hacia el Gran Rearme Europeo. Entre 2018 y 2024, el gasto militar real español, medido bajo los estándares de la OTAN, se ha duplicado, pasando de 11.172 millones de euros a más de 22.700 millones, provocando los alogios de la Alianza Atlántica, que ve cómo Madrid cumple a rajatabla sus exigencias de reforzar las fuerzas armadas y financiar la industria armamentística, contrasta con la parálisis de las especialidades médicas más críticas, como traumatología o dermatología, donde las citas se demoran hasta 132 días de media.

La prioridad presupuestaria del Ejecutivo se ha materializado mediante una ingeniería contable que elude la fiscalización del Congreso. En el ejercicio de 2025, el Gobierno modificó de forma discrecional 117.900 millones de euros de las cuentas prorrogadas, de los cuales 6.300 millones se inyectaron directamente en el Ministerio de Defensa y otros 3.500 millones en planes industriales vinculados al sector militar. En el mismo periodo, el Ministerio de Educación perdió casi 1.000 millones de euros y el de Ciencia otros 360 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado la "opacidad" de esta gestión, que altera el 31% del presupuesto inicial para priorizar el gasto bélico sobre la protección social y los servicios públicos.

Este desvío de la riqueza social hacia la industria de la muerte se produce en un escenario de desigualdad territorial agravada, donde comunidades como Andalucía registran esperas de hasta 173 días para una cirugía. Organizaciones de pacientes y el propio Ministerio de Sanidad cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, denunciando que las listas están "maquilladas" al excluir pruebas diagnósticas bloqueadas por falta de personal o especialidades enteras como la salud mental, según recoge El País. Así, mientras Sánchez se gana el aplauso de Mark Rutte por cumplir la meta del gasto militar del 2% del PIB según los objetivos de la OTAN, el derecho a la salud de la clase trabajadora empeora en el Estado español bajo un Gobierno que antepone los compromisos geoestratégicos con el imperialismo occidental a la reproducción biológica y el bienestar social.