Sánchez dice “no a la guerra”, pero sí a otros 745 millones de gasto militar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado este martes una nueva inyección de fondos públicos al Ministerio de Defensa que asciende a 745.933.015 euros, bajo la fórmula de "atender necesidades ineludibles" del estamento militar; otra más que se suma a anteriores partidas. Esta decisión presupuestaria, recogida en la página web de La Moncloa, se produce semanas después de que el presidente abanderara institucionalmente el eslogan del no a la guerra para justificar su negativa aparente a participar en la ofensiva contra Irán. Sin embargo, más allá de la sospechosa actividad logística de las bases militares estadounidenses en sueño español, los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros revelan que Sánchez sigue cumpliendo a rajatabla con el mandato atlantista del Gran Rearme Europeo, consolidando una transferencia directa de recursos públicos hacia el complejo militar-industrial en detrimento de la inversión en servicios públicos civiles, que ya adolecen de listas de espera récord en la sanidad pública.

Esta vez, "las necesidades ineludibles" corresponden a un Acuerdo Marco para el suministro de vehículos autobastidores de alta movilidad táctica (VAMTAC) con 1.500 kg de carga útil, estimado en 723.940.353 euros. Esta nueva adquisición masiva de medios de transporte todo terreno refuerza la capacidad operativa de las fuerzas armadas españolas en escenarios de guerra, alineando la política de gasto española con las exigencias de capacidad de la OTAN. Esta decisión confirma que, pese a la narrativa de "neutralidad activa" frente a las amenazas de la administración de Donald Trump, Moncloa continúa garantizando la financiación necesaria para sostener la maquinaria bélica del bloque imperialista.

Junto a la renovación de la flota terrestre, el Ejecutivo ha aprobado un segundo Acuerdo Marco de 15.626.860 euros destinado a prácticas en simuladores de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio. Este contrato, con una duración de dos años y posibilidad de prórroga, tiene como objetivo asegurar el adiestramiento y la instrucción técnica de tripulaciones y personal de mantenimiento. Mientras la clase trabajadora enfrenta el encarecimiento de los productos de primera necesidad, de la vivienda y listas de espera en la sanidad pública, el Gobierno considera importante priorizar el mantenimiento de la operatividad aérea, asegurando que sus fuerzas de destrucción estén listas para el combate bajo el pretexto de "mantener la instrucción exigida".

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado razón de cinco declaraciones de emergencia que suman 6.365.801 euros para reparar daños en infraestructuras militares causados por las "condiciones climáticas adversas" de finales de 2025 y principios de 2026. Esta utilización de la vía de emergencia permite al Ministerio de Defensa movilizar fondos de forma inmediata para restablecer la operatividad de sus unidades. Esta agilidad administrativa para apuntalar el aparato militar contrasta con la lentitud institucional en la respuesta a las crisis materiales que afectan a las condiciones de vida de la mayoría social.

Mientras prácticamente en cada Consejo de Ministros se firman estos discretos paquetes millonarios fuera del control parlamentario y escrutinio mediático, el territorio estatal —con las bases de Rota y Morón a la cabeza— continúa sirviendo de plataforma intermedia de lanzamiento de operaciones internacionales de bombardeo de EEUU. En la práctica, el Gobierno de coalición reafirma su papel como gestor de los intereses del complejo militar-industrial y el imperialismo, permitiendo que la recaudación pública se drene hacia la industria armamentística mientras las necesidades básicas de la mayoría social carecen de una respuesta presupuestaria de similar contundencia.