PP y Vox pactan el fin de las subvenciones a las ONG que atienden a personas migrantes en Extremadura
El acuerdo de coalición rompe con la tradicional excepcionalidad de la Iglesia en las ayudas públicas con un esquema replicable en otras comunidades.
Los negociadores de Vox, José María Figaredo y Carlos H. Quero, han desgranado los detalles del pacto de gobierno alcanzado con el Partido Popular en Extremadura, calificándolo como el "referente" para futuras alianzas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. El acuerdo supone un giro drástico en la gestión de los recursos públicos al establecer la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas. Entre las medidas destaca la supresión total de subvenciones a cualquier organización, incluidas las vinculadas a la Iglesia Católica como Cáritas, que colaboren en la acogida de personas migrantes en situación administrativa irregular. "No importa a quién recen, el objetivo es evitar el efecto llamada", han sentenciado los representantes de Vox en declaraciones recogidas por El País.
En materia migratoria, el Ejecutivo de coalición entre los conservadores y los fascistas se compromete a excluir a estas personas de los "servicios sociales estructurales", limitando la atención pública exclusivamente a "urgencias vitales". Así, los negociadores han admitido que su intención es aplicar la Ley General de Sanidad "al mínimo" para enviar un mensaje de hostilidad. Además, la Junta de Extremadura se ha declarado en rebeldía respecto al reparto estatal de menores extranjeros no acompañados (MENA), asegurando que "no admitirán ni uno más" bajo el pretexto de "falta de plazas".
El pacto también introduce una unidad de inspección destinada a perseguir lo que denominan como "fraude en el empadronamiento", con el objetivo declarado de "identificar y desmantelar mafias". Esta medida, que varios sectores jurídicos cuestionan por posibles vulneraciones a la Ley de Protección de Datos, busca endurecer el acceso a prestaciones básicas como la vivienda protegida, para la cual exigirán un empadronamiento histórico de al menos diez años. Para Vox, se trata de utilizar el aparato administrativo para que las personas en esta situación irregular tengan "más estímulos para irse que para quedarse", asumiendo funciones de control que tradicionalmente corresponden a las fuerzas policiales.
En el ámbito económico y burocrático, Vox asumirá una nueva Consejería de Desregulación, descrita por Figaredo como "la motosierra" —en alusión a las políticas de Javier Milei— que han hundido el país con recortes y pobreza que a pesar de todo no logra reducir la deuda con el FMI. En el caso de Vox, su fin es eliminar normativas mediante el silencio administrativo positivo y la declaración responsable. El acuerdo incluye además algunas medidas como la "reducción regresiva de impuestos para las rentas bajas", la "gratuidad" de la educación de 0 a 3 años y la prohibición de parques fotovoltaicos en suelo productivo.
El pacto no recoge la derogación inmediata de la Ley LGTBI ni del registro de objetores al aborto, pero los portavoces de Vox advierten que este acuerdo es solo el "suelo" de sus futuras exigencias. El retorno de la formación fascista al gobierno junto al PP marca una tendencia de "desredistribución" de la renta pública, donde el gasto social se supedita a criterios de "nacionalidad y arraigo", mientras se fortalece la transferencia de competencias hacia una gestión que criminaliza la pobreza y la migración como mecanismos de control social y disciplinamiento de clase.
