El Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) ha denunciado públicamente una nueva operación de espionaje político contra movimientos sociales y organizaciones mediante la infiltración de una agente de la Policía Nacional en los movimientos sociales de la capital. La funcionaria utilizó la identidad falsa de "Fátima García Vázquez" para integrarse desde finales de 2023 en estructuras militantes, incluyendo el propio MAR Madrid, un partido político y una organización de solidaridad con Palestina. Según detalla el colectivo en su comunicado, la agente fue expulsada de los entornos políticos a principios de 2025 tras ser confrontada por la militancia, aunque su identidad real no ha sido difundida hasta ahora para asegurar la veracidad de la información y prevenir nuevas infiltraciones en otros territorios.

Esta operación de vigilancia estatal se suma a numerosos casos precedentes detectados en el movimiento por la vivienda y el independentismo catalán, confirmando una estrategia sistemática del Ministerio del Interior del Gobierno español para monitorizar la disidencia política. Desde el MAR Madrid señalan que el objetivo de esta infiltración han sido "los espacios donde la movilización y la lucha son más consecuentes", destacando especialmente el trabajo de solidaridad con la resistencia palestina y la denuncia de la violencia institucional. La organización subraya que el Estado ha "perfeccionado" sus métodos de ocultamiento, dificultando la obtención de pruebas gráficas o documentales externas, lo que ha obligado a los afectados a depender de la "vigilancia militante" y de protocolos internos de seguridad para detectar a la agente.

La organización denuncia que el actual Gobierno español utiliza estos mecanismos de control para "espiar, controlar y acosar" a quienes cuestionan el orden establecido, contradiciendo la retórica oficial sobre "el respeto a los derechos y libertades democráticas". "La única manera efectiva de combatir estas prácticas represivas es organizarse y plantar cara en primera línea", afirma el comunicado, que rechaza la existencia de "recetas mágicas ni fórmulas definidas ni acabadas" para detectar agentes, por lo que apela a la colaboración activa entre espacios militantes, recordando que el Estado "aprende de sus errores". En este caso, el MAR señala que la agente centró su actividad en organizaciones que han puesto en jaque la hipocresía del Gobierno en materia de política internacional y derechos humanos.

El MAR justifica la publicación de la identidad de la policía como una medida de "autodefensa colectiva" para "impedir que pueda llevar a cabo su función de espionaje" en otros ámbitos. La organización vincula esta infiltración con una tendencia histórica del aparato represivo del Estado de intentar desarticular los movimientos con "esbirros" en sus espacios de decisión y participación. Con la difusión de este caso, los colectivos afectados pretenden visibilizar una vulneración sistemática de los derechos de asociación y participación política que ya ha llegado a instancias de la ONU, señalando directamente a los responsables de las fuerzas de policiales como ejecutores de una estrategia de vigilancia ideológica contra el movimiento obrero y popular.

A pesar de la presencia de la agente durante más de un año, los colectivos afectados aseguran que el Estado "no ha conseguido hacer daño" ni obtener información que no fuera ya pública. "No han conseguido sonsacar ningún tipo de información sensible ni quebrar nuestra moral de combate", afirma el comunicado del MAR, que ve en este episodio un motivo para "redoblar esfuerzos" en la solidaridad obrera y antifascista. El caso de "Fátima" se enmarca en un patrón operativo donde el Estado emplea agentes infiltrados en el tejido asociativo de izquierdas.