Abascal podría cobrar más de 160.000 euros anuales entre cargos públicos y sobresueldos no especificados en Vox
Mantiene parte de sus ingresos en la sombra mientras el partido transfiere cerca de 11 millones de euros a su Fundación Disenso para la “batalla cultural”, motivando una escisión que denuncia opacidad y lucro privado.
Santiago Abascal, líder de Vox, percibe una retribución anual que podría superar los 160.000 euros procedentes de recursos públicos y del partido, si se atiende al desglose de sus ingresos como diputado, presidente estatal de Vox y presidente del grupo parlamentario, complementados por estimaciones de sobresueldos internos no desglosados individualmente.
El grueso de estos ingresos proviene de su acta en el Congreso de los Diputados, donde percibe un salario base y dietas que rondan los 4.085-4.399 euros brutos mensuales (aproximadamente 57.000-61.500 euros anuales en 14 pagas, con las dietas exentas de IRPF). A esta cantidad se suman los 37.357 euros anuales que cobra directamente de Vox como presidente del partido y otros 18.000 euros anuales (1.500 euros al mes) por presidir el grupo parlamentario, un concepto que Abascal omitió inicialmente en su declaración de bienes obligatoria de agosto de 2023 y que incorporó posteriormente tras las investigaciones periodísticas de medios como elDiario.es, El País, Newtral o El Confidencial.
Además, fuentes internas y análisis de las cuentas auditadas del partido indican que percibe alrededor de 54.000 euros anuales en concepto de “sobresueldos”, como parte de una partida de 646.522 euros que Vox distribuyó en 2023 entre sus doce principales dirigentes (media aproximada por persona, sin desglose público individual). Esta práctica se ha mantenido en ejercicios posteriores, según consta en las propias cuentas del partido, aunque Abascal y buena parte de la cúpula no detallan estos complementos en sus declaraciones de bienes ante las instituciones.
Este entramado de sueldos, que multiplican ampliamente el de la mayoría social española, se completa con la gestión de la Fundación Disenso, el think tank privado que preside Abascal y que funciona como receptor de transferencias masivas desde el partido. En los últimos cinco años, Vox ha inyectado 10,9 millones de euros a esta entidad para financiar su “batalla cultural”, con 2 millones solo en 2024. Esa cifra contrasta con las pérdidas de 373.861 euros con las que Disenso cerró el ejercicio 2024, las primeras en su historia. Aunque el entorno de Abascal insiste en que “no cobra de esta entidad”, exdirigentes como Macarena Olona han denunciado que estos trasvases de fondos públicos —50 millones desde 2021— hacia una fundación privada suponen un mecanismo de opacidad que permite mantener redes clientelares, una estructura declarada de 113 cargos liberados y estructuras de poder paralelas con menor fiscalización.
El caso ha regresado al debate político tras revelarse que el partido abona 26.700-26.795 euros mensuales (22.145 euros más IVA) a Kiko Méndez-Monasterio, principal asesor y estratega de Abascal, a través de la sociedad Tizona Comunicación SL (sin empleados). Varias fuentes díscolas de alto calibre del partido, como el propio Javier Ortega Smith, han denunciado que el entorno de Monasterio y la familia Ariza conformaría una especie de “dirección paralela” de Vox que habría convertido al partido en “su negocio particular”, apuntando a una posible escisión política liderada por el que fuera cofundador de la formación, Alejo Vidal-Quadras. Todo este baile de cifras y reproches cruzados ha intensificado la presión política para que Abascal publique la totalidad de sus ingresos y detalle a dónde van a parar exactamente los millones de euros que maneja la formación, cuestionando la falta de transparencia en el reparto de complementos y el uso de estructuras financieras paralelas para presuntamente favorecer intereses corporativos privados.
La contradicción entre el discurso de Vox “contra los vividores” y el nivel de vida de su líder ha sido destacada tras la adquisición en 2020 de un chalet valorado en más de un millón de euros en el barrio madrileño de Pinar del Rey, financiado con una hipoteca de 736.000 euros compartida con su pareja. Esta operación no se declaró inicialmente en tiempo y forma ante el Congreso, lo que obligó a una actualización posterior de su declaración de bienes. Mientras Abascal justifica su patrimonio en herencias y apoyos familiares, los datos revelan una dependencia mayoritaria de los presupuestos públicos para mantener su estatus de político profesional.
