63 años del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau

El 20 de abril de 1963, la dictadura de Francisco Franco ejecutó mediante fusilamiento a Julián Grimau García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE). La sentencia se cumplió al amanecer en el campo de tiro de la prisión de Carabanchel, en Madrid, después de que el Consejo de Ministros confirmara la pena de muerte dictada por un tribunal militar. Grimau fue al paredón en silencio y con dignidad, rechazando la venda en los ojos para mirar a la muerte frente a frente. El fusilamiento fue caótico: soldados inexpertos le dispararon hasta 27 balas sin matarlo al instante, por lo que el oficial le disparó los tiros de gracia.

Grimau tenía 52 años en el momento de su asesinato, y había sido detenido en noviembre de 1962 por la Brigada Político-Social, sufriendo durante su custodia graves lesiones al "caer" desde una ventana de la Jefatura Superior de Policía, un suceso que la versión oficial calificó de "intento de suicidio", mientras que la defensa y el entorno del militante denunciaron como un intento de asesinato encubierto tras severas sesiones de tortura.

El proceso jurídico contra Grimau se caracterizó por una flagrante ausencia de garantías procesales y el uso de legislación punitiva de excepción. Fue juzgado por un Consejo de Guerra bajo la acusación de "rebelión militar continuada", una figura jurídica que permitía al régimen aplicar el Código de Justicia Militar por actos supuestamente cometidos durante la Guerra Civil, 24 años después de su finalización. El tribunal no aportó pruebas materiales de los presuntos crímenes de retaguardia que se le imputaban, basando la condena exclusivamente en testimonios policiales y declaraciones obtenidas bajo coerción en un contexto de represión política contra la oposición obrera y revolucionaria.

La ejecución se llevó a cabo ignorando una movilización internacional sin precedentes. Gobiernos, intelectuales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo solicitaron el indulto. El Papa Juan XXIII y el presidente de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, enviaron telegramas personales a Franco pidiendo clemencia. Dentro del propio Estado español, figuras vinculadas incluso a sectores moderados advirtieron del coste político de la medida. Sin embargo, el Gobierno reafirmó su voluntad de mantener el castigo ejemplarizante contra el movimiento comunista, que en esos años lideraba la reorganización de la lucha de clases y las huelgas mineras en Asturies.

Las fuentes históricas y el expediente del caso evidencian que el juicio careció de validez jurídica real, al ser instruido por un tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo. El defensor de Grimau, el capitán de artillería Alejandro Rebollo, denunció durante la vista que se estaba juzgando a un hombre por sus ideas políticas y por hechos prescritos o no probados. La muerte de Grimau se convirtió en un símbolo de la lucha feroz que llevaron los comunistas contra la dictadura, que en plena etapa de "desarrollo económico" y apertura exterior, recurrió al aparato represivo para frenar el ascenso de la conciencia política en los centros de trabajo y en los barrios.

Este fusilamiento marcó un punto de inflexión en la lucha antifranquista, reforzando la solidaridad internacionalista y la unidad de acción en la clandestinidad contra la represión. Pese a los intentos de las instituciones actuales por rehabilitar su figura mediante declaraciones institucionales vacías, el aparato jurídico español ni siquiera ha anulado formalmente la sentencia de muerte, manteniendo la validez de los tribunales militares de la dictadura. El caso de Julián Grimau permanece como un hecho primer orden para la memoria histórica del proletariado revolucionario en el Estado español, que recuerda cómo se construyó la "modernización" del régimen como paso intermedio para la democracia burguesa: con la sangre de la vanguardia de la clase trabajadora.