El Estado agota la condena del preso comunista Lucio García Blanco tras 30 años de reclusión y enfermedad
El preso político del PCE(r) abandonará la prisión de Villabona el 26 de abril sin haber aceptado la exigencia de arrepentimiento pese a padecer demencia senil y haber sufrido torturas.
Las autoridades penitenciarias españolas tendrán que liberar el próximo 26 de abril a Lucio García Blanco, obrero de 75 años y militante comunista del PCE(r). El preso político saldrá en libertad total tras cumplir su condena íntegra tras haber pasado tres décadas en las cárceles del Estado español. Natural de Avilés (Asturies), García Blanco acumula 50 años de militancia política, periodo en el que ha sufrido seis detenciones acompañadas de torturas policiales que le han dejado secuelas crónicas en la espalda. Según recuerda el Socorro Rojo Internacional (SRI), el preso ha mantenido su integridad política tras haber protagonizado 23 huelgas de hambre en defensa de su condición de preso político.
El sistema penitenciario ha mantenido a García Blanco en reclusión a pesar de que padece una enfermedad neurodegenerativa grave e incurable. El interno sufre demencia senil con trastorno adaptativo y Alzheimer, cuadros médicos que le provocan episodios de desorientación, confusión mental y pérdida de memoria. Su defensa letrada recurrió el pasado diciembre la denegación de la libertad condicional, alegando que su estado afecta gravemente su capacidad de comprensión y de toma de decisiones y que la permanencia en prisión compromete su vida y dignidad.
Las instituciones han denegado sistemáticamente su excarcelación bajo la exigencia de que el preso aceptara lo que organismos antirrepresivos califican de chantaje: el arrepentimiento y la claudicación ideológica. El Estado impuso condiciones para la libertad condicional que García Blanco rechazó por considerarlas una vía de humillación, demandando en su lugar la libertad inmediata y sin condiciones que la legislación prevé para casos de enfermedad incurable. Según el SRI, el Gobierno ha llegado a alegar motivos "absurdos" para mantenerlo encerrado, como la supuesta renuncia del propio preso a la libertad condicional.
En el último mes de condena, la dirección de la prisión de Villabona (Asturies) restringió las comunicaciones del preso anciano, impidiendo las visitas de sus amigos y red de apoyo social. La institución esgrimió una circular interna sobre supuestos "problemas de drogas" de otros presos en el Centro de Inserción Social (CIS) para limitar los encuentros exclusivamente a familiares directos, una medida que sus compañeros califican de "criminal". Esta decisión se produce bajo la gestión del que se autodenomina "Gobierno más progresista de la historia", mientras otros presos políticos como María José Baños —también enferma— permanecen en prisión por la negativa de la Audiencia Nacional a su excarcelación aprobada.
