Doce universidades británicas pagaron a exmilitares para espiar a estudiantes y académicos propalestinos

Una investigación conjunta de Al Jazeera English y Liberty Investigates ha revelado que al menos doce universidades del Reino Unido, entre las que se encuentran Oxford, UCL, KCL y el Imperial College London, contrataron a la empresa de seguridad privada Horus Security Consultancy Limited para vigilar a estudiantes y académicos. La firma, dirigida por antiguos oficiales de la inteligencia militar británica, ha recibido al menos 440.000 libras (unos 520.000 euros) desde 2022 por servicios que incluyen el rastreo de redes sociales de activistas propalestinos, defensores de los derechos de los animales y la elaboración de "evaluaciones de amenaza terrorista" sobre ponentes invitados.

Horus, fundada por el teniente coronel Jonathan Whiteley y con Tim Collins —exoficial del SAS— entre sus directivos, utiliza herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) e inteligencia artificial para "cosechar" datos de internet. Entre los casos documentados destaca el de la académica palestino-estadounidense Rabab Ibrahim Abdulhadi, a quien la Manchester Metropolitan University (MMU) sometió a una investigación secreta antes de permitirle impartir una conferencia en 2023. El informe de Horus sobre Abdulhadi incluía acusaciones previas de lobbys sionistas que ya habían sido desestimadas por tribunales y universidades estadounidenses.

La vigilancia también alcanzó a estudiantes de doctorado en la London School of Economics (LSE) y activistas en la Universidad de Bristol. Según correos internos obtenidos mediante peticiones de libertad de información, Bristol proporcionó a Horus listas específicas de grupos de protesta a monitorizar, mientras que la LSE recibió informes diarios sobre el campamento estudiantil propalestino del verano de 2024. Jo Grady, secretaria general del sindicato de profesores UCU, calificó de "vergonzoso" que las instituciones hayan "desperdiciado cientos de miles de libras espiando a sus propios estudiantes".

Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, ha expresado "profundas preocupaciones legales" por el uso de IA para analizar datos estudiantiles bajo el pretexto de la seguridad. Según Romero, esta vigilancia contribuye a un "estado de terror" y trauma psicológico entre los activistas académicos, forzando a muchos a abandonar su actividad política. Por su parte, directivos de Horus como Tim Collins han criminalizado públicamente las movilizaciones por Gaza, atribuyéndolas a una "campaña mediática orquestada por Rusia e Irán" y e incluso pidiendo la deportación de manifestantes no británicos, al estilo de EEUU.

Esta transferencia de fondos públicos y matrículas hacia empresas privadas de inteligencia militar pone en evidencia la creciente criminalización de la solidaridad con Palestina en el ámbito académico británic y la eliminación progresiva de derechos políticos. Mientras las universidades defienden estas prácticas como "horizon scanning" para "garantizar la seguridad", las organizaciones de derechos humanos y los movimientos propalestinos denuncian que estos mecanismos de vigilancia operan fuera del escrutinio público, afectando además desproporcionadamente a estudiantes racializados y voces críticas con la política exterior del Estado y sus intereses estratégicos en Oriente Medio.