La Policía dispara sus pistolas eléctricas una vez cada 57 horas
El Ministerio del Interior revela el uso de táser en 185 ocasiones desde 2025 mientras la justicia archiva la "muerte" de Haitam Mejri al recibir varias descargas de los agentes en Torremolinos.
La Policía Nacional española y la Guardia Civil han normalizado el uso de sus dispositivos electrónicos de control, conocidos comercialmente como Taser, con una frecuencia de un disparo cada 57 horas. Según una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior al diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) de la que se ha hecho eco El País, los agentes estatales utilizaron estas armas en 154 ocasiones durante el año 2025 y en otras 31 intervenciones en los primeros 77 días de 2026. Este incremento en la actividad de los aparatos represivos del Estado coincide con los planes de Interior para aumentar el parque de "inmovilizadores" eléctricos hasta alcanzar las 4.300 unidades en los próximos cuatro años.
El balance oficial de disparos se hace público pocos días después de que la justicia haya decretado el archivo de la investigación sobre la "muerte" de Haitam Mejri tras recibir más de diez descargas eléctricas por parte de los agentes de la Policía Nacional. El hombre, de 35 años, "falleció" el pasado diciembre en Torremolinos (Málaga) tras la detención policial. Estos dispositivos lanzan dardos que, al impactar en el cuerpo, interfieren en las señales cerebrales para incapacitar los músculos, un mecanismo que Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han señalado reiteradamente por el riesgo de uso abusivo y por los efectos lesivos y letales documentados en diversos países.
La distribución de estos dispositivos muestra una apuesta decidida por la tecnificación de la violencia policial. La Policía Nacional cuenta actualmente con 3.000 unidades y prevé llegar a 3.500 en 2028, mientras que la Guardia Civil dispone de 390 y planea adquirir 800 más. Esta dotación se extiende también a la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y a más de 60 policías locales. Pese a las advertencias de los organismos de derechos humanos sobre el dolor y sufrimiento que causan estas armas, Interior ha confirmado que "no se tiene constancia de la apertura de ningún expediente o sanción" a agentes por uso indebido de estas armas.
Los protocolos internos, elaborados en 2020, limitan teóricamente su uso a situaciones de "resistencia violenta o tentativas de suicidio", prohibiendo su empleo contra "personas débiles de salud", embarazadas o ancianos. Sin embargo, incluso los datos de Interior reconocen que en la mitad de los casos se emplean para enfrentar genéricos "delitos contra el orden público". Mientras la administración justifica su despliegue como una medida de "seguridad", la realidad de las calles muestra una frecuencia de uso indiscriminado contra la población, donde las investigaciones internas solo se activan si finalizan las actuaciones judiciales previas.
