Una de cada diez personas en el Estado español cree que nadie debería tener más de una vivienda
Un sondeo del grupo 'The Left' revela la existencia de un consenso social del 75% a favor de subir los impuestos a los acaparadores de casas y una significativa minoría que va más allá.
La crisis de acceso a la vivienda en el Estado español ha consolidado un amplio respaldo social a medidas de intervención directa sobre la propiedad privada y el mercado del alquiler. Según los datos de la encuesta presentada este 21 de abril por el grupo europarlamentario The Left y el Ateneo del Dato, el 59,6% de la ciudadanía defiende que el Estado debería establecer un límite legal al número de inmuebles que puede poseer un solo titular. La propuesta más secundada sitúa el tope en dos viviendas (32%), seguida por quienes lo fijan en tres (16,7%), sumando un 59% de apoyo total a la prohibición de superar las tres propiedades por persona.
El rechazo transversal al acaparamiento inmobiliario se traduce también en una demanda de redistribución fiscal. El 75% de los encuestados sostiene que quienes poseen dos o más viviendas deberían pagar más impuestos, una medida que busca penalizar el uso de la vivienda como activo de inversión en lugar de valor de uso social. Los umbrales de apoyo varían según el grado de multipropiedad: un 29,7% de la población aplicaría el gravamen extra a partir de la segunda vivienda, mientras que un 24,6% lo haría a partir de la tercera. Estos datos coinciden con la tendencia marcada en febrero de 2025 por la encuesta de 40dB, donde el rechazo a la ausencia de límites en el mercado ya era mayoritario, con solo un 30,5% que se oponía a cualquier restricción).
Dentro de este consenso intervencionista, emerge un sector minoritario pero políticamente significativo que plantea medidas que van más allá: la desmercantilización absoluta de la vivienda. Un 10,4% de los encuestados defiende de forma radical que nadie debería tener más de una vivienda en propiedad, una posición que choca frontalmente con la estructura de acumulación de activos y herencias vigente en el capitalismo español. Esta corriente, aunque numéricamente inferior a quienes proponen límites más flexibles de dos o tres inmuebles, muestra una quiebra creciente en la concepción del derecho a la propiedad privada frente a la necesidad material de garantizar el valor de uso habitacional para toda la población.
De hecho, la presión por el encarecimiento de la vida ha generado un apoyo transversal que desborda las fronteras partidistas. El 76,6% de la población del Estado español está de acuerdo con limitar el precio de los alquileres en su zona de residencia, una medida respaldada incluso por más de la mitad de los votantes del Partido Popular (55,5%) y de Vox (53,2%). El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha reconocdio que esta realidad se debe al hecho de que "entre los votantes del PP hay el doble de inquilinos que de caseros".
La crisis de vivienda se refleja en los registros recientes del CIS de 2026, donde la vivienda ha escalado hasta ser la preocupación principal para el 43% de la población. Aunque la mayoría de los propietarios en el Estado español (82%) posee un solo inmueble, la percepción social identifica cada vez más a los multipropietarios, los rentistas y los grandes tenedores como un estorbo que detrae las opciones del acceso a la vivienda para aumentar sus márgenes de beneficio. En este contexto, el apoyo a límites estrictos —como el 10,4% que defiende que nadie debería tener más de una vivienda— muestra la existencia de un sector que aboga por la desmercantilización total del suelo. Si este sector crece en los próximos años, el Estado español podría experimentar inestabilidad política y conflictividad.
Mientras tanto, el consenso intervencionista sugiere que esta minoría que aboga por prohibir totalmente el acaparamiento de vivienda en todas sus formas tiene cierto margen de crecimiento, aunque choque frontalmente con el marco jurídico liberal que protege la acumulación de activos financieros e inmobiliarios. Mientras el Gobierno español y los grupos parlamentarios mantienen debates sobre la prórroga de medidas como el tope del 2% al alquiler o la limitación de la compra especulativa, la encuesta de The Left evidencia que la mayoría social reclama medidas mucho más drásticas en las relaciones de propiedad de la vivienda. Las tesis intervencionistas cobran fuerza en medio de una fase de proletarización avanzada donde el salario se transfiere masivamente a hacia los estratos sociales superiores mediante el rentismo, impidiendo la reproducción biológica y social de las capas trabajadoras. Si el Gobierno sigue adoptando medidas cosméticas que no atacan la raíz del problema, este clima de opinión mayoritario podría volverse en su contra, especialmente si ese 10,4% aumenta.
