PP, Vox y Junts aceleran los desahucios y el PSOE presenta un plan de vivienda deficiente
La derecha pacta reducir los criterios de vulnerabilidad en un escenario de moratoria caducada, alquileres descontrolados y un plan estatal insuficiente que beneficia al sector privado.
El bloque conformado por el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, con el apoyo de UPN, dio este martes el primer paso en el Congreso para desmantelar las raquíticas garantías que aún ofrecía la Ley de Vivienda de 2023. La propuesta aprobada para su tramitación ataca directamente los artículos que permiten retrasar apenas uno o dos meses un desahucio en caso de vulnerabilidad, una medida que ya de por sí era una versión extremadamente reducida de la moratoria. Al bajar el umbral de ingresos para acceder a este breve respiro de los 1.800 a los 900 euros, la derecha y los postconvergentes pretenden legalizar la expulsión inmediata de trabajadores cuyos salarios ni siquiera alcanzan el SMI, eliminando los últimos obstáculos procesales.
Esta vuelta de tuerca llega mientras la supuesta "protección" del "Gobierno más progresista de la historia" se desmorona por la vía de los hechos consumados: la moratoria de desahucios permanece bloqueada sin renovación y la "regulación de precios" prevista en la Ley de Vivienda es, a día de hoy, papel mojado en la inmensa mayoría de los municipios. Para varios movimientos de vivienda, incluido el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, esta maniobra parlamentaria funciona como una especie de "pinza política": permite a la derecha profundizar su agenda contra la clase trabajadora para favorecer a la patronal inmobiliaria, los grandes tenedores y rentistas mientras la izquierda institucional utiliza la amenaza reaccionaria para ocultar su incapacidad de aplicar medidas efectivas. Por tanto, desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denuncian que el terreno para esta medida antiproletaria ya ha sido abonado por un Ejecutivo. Según esta lectura, la izquierda institucional trata de airear los pánicos ante la propuesta legislativa de la derecha, pero mantiene intactas las estructuras que permiten los desahucios diarios.
La crítica de los movimientos de vivienda se dirige también contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda del PSOE, al que tachan de ser un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. El plan ha sido denunciado por su escueta financiación y por un diseño que prioriza el beneficio de las constructoras a través de subvenciones y "colaboración público-privada", un eufemismo que, en la práctica, supone que el Estado subvenciona el beneficio de las grandes promotoras. Desde el Sindicato Socialista señalan que, mientras el Estado blinda el negocio de la vivienda, la realidad en la calle es que ni la Ley de Vivienda ni la moratoria ofrecen ya un suelo mínimo de seguridad para las familias.
Mientras tanto, en el debate parlamentario, parece "la seguridad" que preocupa es la de otros sectores. La diputada del PP Soledad Cruz-Guzmán ha justificado el recorte argumentando "la necesidad de devolver la seguridad a los inversores", mientras Vox ha aprovechado para reclamar desahucios exprés directamente sin ningún tipo de garantía judicial. Junts, por su parte, ha evitado el foco sobre el recorte de derechos para centrarse en la liberalización de suelo y la agilización urbanística. Sin embargo, para numerosos colectivos de vivienda, uno de los principales problemas legislativos reside en que la Ley de Vivienda del Gobierno ya nació sin mecanismos coercitivos reales, facilitando que ahora la derecha simplemente elimine lo que quedaba de ella: la posibilidad de ganar unas semanas de tiempo antes de quedar en la calle.
La tramitación de esta reforma certifica que la vivienda sigue gestionándose exclusivamente como un activo financiero bajo el dictado de grandes tenedores, rentistas y fondos de inversión. Con el límite al alquiler inexistente en la práctica y la moratoria caducada, la propuesta de PP, Vox y Junts de rebajar el umbral de vulnerabilidad solo viene a rematar el cierre definitivo de las vías institucionales de "protección". Por ello, varias organizaciones de vivienda advierten que esta pinza parlamentaria demuestra que solo la organización independiente de la clase trabajadora fuera de las instituciones puede hacer frente al negocio inmobiliario.
