Sumar acepta más rebajas fiscales a rentistas
El Gobierno español negocia concesiones económicas al rentismo para que Junts valide el decreto de alquileres.
El grupo parlamentario Sumar, a través del ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, ha manifestado su disposición a aceptar un paquete de medidas fiscales que favorecen directamente a los rentistas. Esta maniobra busca desbloquear el voto de Junts ante la votación del decreto de vivienda prevista para este martes, que incluye la prórroga de los contratos de alquiler que expiran en 2026 y 2027. Según declaraciones de Bustinduy recogidas por elDiario.es, el Ejecutivo se abre a incorporar "más descuentos fiscales para los propietarios" y a acelerar la implantación del "IVA franquiciado" para autónomos, una exigencia del partido liderado por Carles Puigdemont.
Aunque el titular de Derechos Sociales reconoce que este tipo de incentivos a la propiedad "no es nuestro modelo", ha justificado la concesión bajo el argumento de que "podría merecer la pena" con tal de sacar adelante la normativa. Esta postura supone ceder ante los intereses del negocio de la vivienda para asegurar la estabilidad parlamentaria, supeditando la protección de las familias inquilinas a la entrega de recursos públicos en forma de rebajas tributarias y subvenciones para quienes ostentan alquileres.
Bustinduy ha apelado a la "voluntad política" tanto de sus socios del PSOE como de Junts para materializar este acuerdo en las próximas horas. El ministro ha defendido que existen "herramientas" para blindar estas medidas de ámbito tributario en el texto final, pese a que Junts ha mantenido hasta ahora una negativa rotunda a apoyar la prórroga de los alquileres. El objetivo declarado por el ministro es lanzar un mensaje de protección frente a un mercado que define como "secuestrado por unas lógicas de especulación", aunque para ello se recurra a bonificaciones para los propios agentes del negocio de la vivienda.
En este escenario de negociación de última hora, Sumar también ha dirigido sus críticas hacia el Partido Popular, denunciando que el 20% de sus votantes son inquilinos y, sin embargo, la formación se ha negado a entablar cualquier tipo de diálogo sobre el decreto. Bustinduy ha confirmado que no ha obtenido respuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien solicitó formalmente "reconsiderar su postura". La estrategia de Sumar y del Gobierno depende ahora de concesiones económicas al rentismo para evitar el colapso de su política de vivienda en el Congreso.
