Proceso contra 40 militantes de Stuttgart para blanquear la violencia policial del Primero de Mayo
Dos años después de las cargas que dejaron casi un centenar de heridos, la Justicia alemana inicia procesos penales contra los manifestantes basándose en informes policiales falsificados.
La fiscalía de Stuttgart ha emprendido una ofensiva judicial contra más de 40 personas que participaron en la manifestación revolucionaria del 1 de mayo de 2024 en la ciudad. Los encausados, que se enfrentan a cargos de "alteración del orden público" (Landfriedensbruch), denuncian que este proceso busca legitimar a posteriori la actuación de la policía, que aquel día bloqueó la marcha y atacó a los manifestantes con porras, gases lacrimógenos y caballos. El balance de la represión en las calles fue de 95 heridos —algunos con fracturas óseas— y 167 personas retenidas durante horas en un "kessel" o cerco policial, una práctica recurrente de la Bundespolizei para desarticular la protesta social.
En una entrevista concedida al medio Perspektive Online, dos de los procesados, Yvonne y Pierre, denuncian que la policía de Stuttgart difundió deliberadamente noticias falsas para justificar su violencia contra la manifestación. Las fuerzas policiales publicaron fotos de palos con clavos afirmando haber sido "atacados" con ellos, cuando se demostró que eran restos de pancartas y carteles políticos destruidos por la propia carga policial. Según relatan los militantes, el sistema judicial alemán está asumiendo estos informes sin cuestionarlos, ignorando las pruebas de vídeo que contradicen la versión oficial y centrando las condenas —al menos cuatro ya dictadas con penas de prisión bajo fianza— en interpretaciones subjetivas de gestos realizados durante el caos de las cargas.
Este endurecimiento de la represión en Alemania contra la militancia revolucionaria no es un hecho aislado, sino que responde a una tendencia general de restringir el derecho de manifestación en medio de una crisis económica y política general. Los afectados señalan que la policía se escudó en tecnicismos, como "la longitud de las pancartas laterales" (limitadas a 1,5 metros), para impedir una marcha que se posicionaba contra la guerra, el fascismo y la explotación. "El sistema necesita reprimir la protesta autodeterminada para asegurar sus intereses de beneficio en un contexto de crisis imperialista", afirman los militantes, vinculando su caso con otro caso de persecución contra el movimiento climático y a la solidaridad con Palestina en ciudades como Berlín.
Los encausados cuentan con el apoyo de la organización de solidaridad jurídica y antirrepresiva Rote Hilfe (Socorro Rojo) y planean transformar los juicios en una plataforma de denuncia política. Frente a la estrategia de la fiscalía de despolitizar los hechos y presentar a los manifestantes como "antisociales" o "violentos", los militantes reivindican la legitimidad de la lucha de clases. Denuncian que la criminalización busca fracturar la unidad de la izquierda revolucionaria en Stuttgart y amedrentar a quienes cuestionan el orden establecido, especialmente en un año 2026 marcado por el rearme militar y los recortes en derechos laborales.
A pesar de la presión judicial y policial, los colectivos afectados mantienen la convocatoria para el Primero de Mayo de este año. Los entrevistados subrayan que la represión no ha logrado su objetivo de dispersar el movimiento, ya que la manifestación de 2025 fue la más numerosa en décadas. "El capitalismo es la crisis y no tiene respuestas; por eso salimos a la calle para mostrar nuestra perspectiva de una sociedad socialista", concluyen, reafirmando que la lucha contra la pauperización y la guerra imperialista sigue siendo la prioridad frente a los intentos de control social y disciplinamiento del aparato jurídico alemán.
