El Gobierno de Meloni acelera los desahucios para proteger las ganancias de los rentistas
El nuevo “Plan Vivienda” recorta los plazos de desalojo, endurece las multas a inquilinos y facilita la expulsión inmediata mediante violencia policial con solo presentar actas notariales.
El Ejecutivo encabezado por Giorgia Meloni ha presentado las líneas maestras de su nuevo "Plan Vivienda", cuya piedra angular es un proyecto de ley diseñado para agilizar la expulsión de inquilinos y "recuperar" inmuebles por parte de los rentistas. Bajo el pretexto de "paliar las dificultades económicas" que supuestamente atraviesan los rentistas debido a la inflación, el Gobierno italiano ha formalizado una reforma del Código de Procedimiento Civil que prioriza la disponibilidad inmediata de los activos inmobiliarios sobre el derecho constitucional a la vivienda.
Il Manifesto recuerda que la normativa introduce la figura de la "orden de desahucio por finalización de arrendamiento", un mecanismo que permite a los dueños recurrir al juez antes incluso de que expire el contrato de alquiler. Según el borrador del texto, los jueces deberán emitir estas órdenes en un plazo máximo de quince días. Además, el Gobierno de Meloni establece un sistema de sanciones económicas para quienes no abandonen la vivienda de forma inmediata: por cada día de retraso, se aplicará una multa equivalente al 1% del canon de alquiler mensual, una medida que el Ejecutivo define como una "disuasión eficaz".
En el ámbito de la llamada "morosità" (impago por falta de recursos), el proyecto de ley reduce drásticamente las garantías para las personas arrendatarias. El tiempo que un juez puede otorgar para subsanar deudas en casos de dificultades económicas comprobadas se reduce a la mitad, pasando de 90 a 45 días. Asimismo, el llamado "periodo de gracia" —el margen de maniobra judicial para evitar el desalojo inmediato— se recorta de cuatro meses a solo dos. Estas medidas agudizan la vulnerabilidad de las familias trabajadoras frente a la pérdida de ingresos, limitando su capacidad de defensa procesal frente al capital inmobiliario y el rentismo.
El texto también facilita los desalojos de inmuebles ocupados al eliminar la obligatoriedad de una sentencia judicial firme para ejecutar la expulsión. A partir de la aprobación de esta ley, bastará con presentar actas de propiedad firmadas por un notario u otro funcionario público para activar la intervención de la policía. Esta disposición supone una transferencia de competencias judiciales a manos de entes privados, acelerando la recuperación del uso de la propiedad para los grandes y pequeños propietarios.
Los lobbys rentistas e inmobiliarios han celebrado la medida de forma inmediata. Giorgio Spaziani Testa, presidente de Confedilizia, ha declarado que "hacer ciertos y rápidos los tiempos de los desahucios significa devolver la confianza a los propietarios". Mientras la patronal inmobiliaria defiende la medida para garantizar sus márgenes de beneficio, los movimientos de vivienda advierten de que esta reforma estructural aumentará la exclusión social y la inseguridad para la clase trabajadora en Italia.
