El presidente Javier Milei autorizó un incremento salarial del 123,8% en apenas cinco meses para la cúpula del Poder Ejecutivo, una medida que beneficia a ministros, secretarios, subsecretarios y más de 500 autoridades superiores de organismos y empresas públicas. Según datos a los que accedió el diario argentino Clarín, este proceso de "descongelamiento" permitirá que, a partir de junio, los ministros y secretarios con rango ministerial perciban un sueldo bruto de 8.019.838 pesos. La decisión se oficializó mediante el decreto 931/2025, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mientras el propio mandatario afirmó que él es al que "peor le fue" en términos reales por mantener su salario sin modificaciones.

La estructura de aumentos dispuesta por el Gobierno de Milei transfiere recursos públicos hacia la alta burocracia política aplicando acumulativamente las paritarias de los empleados públicos, sumando un 73% correspondiente a 2024 y un 25% proyectado hasta julio de 2025. De esta manera, un secretario de Estado que en diciembre ganaba 3.282.709 pesos pasará a cobrar 7.345.634 pesos en mayo, mientras que los subsecretarios elevarán sus ingresos de 2.981.513 pesos a 6.761.656 pesos en el mismo periodo. Esta política de recomposición para los estratos altos del Estado contrasta con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios generales y las jubilaciones, que funcionan como variable de recorte principal del programa económico oficial, que ni con esas consigue reducir la deuda con los acreedores internacionales del Fondo Monetario Internacional.

En las oficinas del Gobierno justifican la medida como un "sinceramiento" para "otorgar valor a quienes ocupan cargos de responsabilidad" y "evitar la fuga de funcionarios hacia el sector privado". Fuentes oficiales argumentaron que los sueldos se encontraban "40 puntos abajo de la inflación" y defendieron la actualización bajo la premisa de que "el sueldo de ministro no alcanza para vivir", tal como sostuvo en su momento el exministro Guillermo Francos. Sin embargo, los datos del INDEC muestran que mientras la inflación acumulada entre enero de 2024 y enero de 2026 fue del 144%, los funcionarios han recibido una inyección salarial que duplica sus ingresos brutos en menos de medio año.

El decreto establece que la vigencia de estos aumentos está condicionada a la preservación del "equilibrio fiscal", lo que a efectos prácticos implica que la remuneración de los políticos profesionales se prioriza sobre el gasto social siempre que las cuentas públicas lo permitan. En la nómina de beneficiados aparecen figuras centrales del aparato estatal como la secretaria general Karina Milei, hermana del persidente, el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Ezequiel Auguadra, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez. El esquema ratifica una tendencia de distribución regresiva de los ingresos públicos, blindando el nivel de vida de la alta dirección política mientras el grueso de la población trabajadora enfrenta una inflación persistente y la degradación de sus condiciones materiales de existencia, donde el consumo de carne de burro se está normalizando en algunas zonas del quinto país con mayor agroexportación ganadera de bovino.