El principal “sindicato” de Mossos exige entrar con armas en los colegios
El lobby policial mayoritario USPAC rechaza el plan piloto de la Generalitat porque prevé que los agentes vayan “sin herramienta de trabajo” en los institutos y alega que la “alerta terrorista” lo exige.
El portavoz de lobby policial USPAC, Albert Palacio, ha reclamado que los agentes que participen en el nuevo plan piloto del Govern en los centros educativos porten sus armas reglamentarias. La organización, que representa a la mayoría de la escala básica de los Mossos d’Esquadra, se opone así a las condiciones de la Conselleria d'Interior, que establece la presencia de policías de paisano sin armamento en una quincena de institutos, una medida que ya ha levantado un escándalo en la comunidad educativa. Según ha declarado Palacio en SER Catalunya, excluir el arma "pone en riesgo la seguridad de los funcionarios", a quienes se les priva de una "herramienta de trabajo" que incluye la porra, las esposas y la pistola.
El sindicato justifica esta exigencia en la vigencia del nivel 4 sobre 5 de la llamada "alerta antiterrorista", asegurando que "las amenazas yihadistas "pueden atentar donde sea". Sin embargo, Palacio ha cambiado la orientación de su razonamiento y ha cuestionado "la capacidad de intervención de un policía desarmado" ante el supuesto "incremento de armas blancas en los centros". "¿Qué puede hacer un policía, solo, con las manos, en caso de conflicto con armas blancas? Yo no sabría qué hacer", afirmó el portavoz, quien también criticó que el dispositivo obligue a los agentes a patrullar individualmente y no en los binomios habituales del cuerpo, lo que a su juicio les hace "vulnerables" frente a "enfrentamientos con bandas juveniles".
Esta presión sindical por aumentar la presencia de armamento y la presencia policial permanente en las aulas choca frontalmente con la respuesta de la comunidad educativa. Docentes, familias y sindicatos del sector han manifestado un amplio rechazo a la iniciativa policial por considerarla estigmatizadora y poco eficaz para mejorar la convivencia. Diversos centros ya han solicitado formalmente abandonar el programa, mientras que las organizaciones de trabajadores de la enseñanza exigen que la Generalitat destine recursos pedagógicos y sociales en lugar de incrementar el control policial y la vigilancia sobre el alumnado.
Por su parte, el portavoz de USPAC denunció que el Departament d’Interior no consultó al sindicato sobre la medida y situó las críticas de la población y del sector educativo dentro de una serie de presuntos "ataques constantes" contra el cuerpo policial.
