La Unión Europea ha elevado este lunes la tensión comercial con el gigante asiático al anunciar un plan que veta los proyectos de energías renovables financiados con fondos de la UE que contengan piezas fabricadas en China. La Comisión Europea justifica esta decisión por "la necesidad de reducir los riesgos de posibles ciberataques y de dependencia económica", según han declarado funcionarios de la institución. Aunque la medida se extiende nominalmente a Rusia, Corea del Norte e Irán, el objetivo central es frenar la influencia de China, país que actualmente controla el 80% del mercado mundial de paneles solares y mantiene una cuota de mercado similar en territorio europeo Un funcionario de la UE, que mantuvo el anonimato, declaró ante Euronews que el Ejecutivo ve "graves riesgos económicos y de ciberseguridad" tras evaluar información clasificada aportada por varios Estados miembros.

Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado directamente a Huawei y ZTE como proveedores de "alto riesgo", afirmando que la dependencia de convertidores en redes de energía de nueva generación fabricados por estos actores extranjeros constituye una "amenaza urgente". Según las "evaluaciones de riesgo" de la institución recogidas por la prensa europea, la infraestructura crítica podría ser manipulada para la "interrupción de la generación de electricidad" o incluso permitir el "acceso no autorizado a datos operativos". El portavoz ha alertado de que, bajo este escenario de dependencia, se podría producir un "apagado remoto de las redes de los Estados miembros", lo que derivaría en "apagones a nivel nacional".

Esta decisión de Bruselas ha recibido la "satisfacción" de la patronal de la industria de paneles solares europea, el European Solar Manufacturing Council, cuyos representantes han confirmado que los fabricantes occidentales "ya cuentan con suficiente capacidad de producción para cubrir la demanda" y aseguran que lo harán a "precios competitivos".

Pekín acusa a Bruselas de "politizar" cuestiones económicas

La Cámara de Comercio de China ante la UE (CCCEU) rechazó las acusaciones de posible "armamentismo energético" y defendió que sus empresas han aportado tecnologías "fiables y competitivas". Un portavoz de la CCCEU advirtió a Euronews que estas barreras "no comerciales" socavan la "competencia leal" y "el funcionamiento estable de las cadenas de suministro globales". Así, la misión china ante la UE ha expresado su "seria preocupación" ante lo que consideran una "práctica típica de politizar los asuntos económicos" con el uso de factores de riesgo "altamente subjetivos y arbitrarios". Suo Peng, ministro de Comercio y Economía de la misión, ha advertido de que estas cláusulas excluyentes de origen constituyen "discriminación institucional" y ha comunicado en una nota de prensa en Xinhua que China "tendría que tomar contramedidas".

La maniobra de la Comisión Europea tiene como telón de fondo la vulnerabilidad energética expuesta tras el apagón general que sufrió la península Ibérica el 28 de abril del año pasado, y aunque el motivo del incidente aún no ha sido revelado, se descartó oficialmente la tesis del sabotaje. No obstante, las auditorías internas del Tribunal de Cuentas de la UE han arrojado dudas sobre la viabilidad de la "soberanía económica" europea. Un informe de este órgano citado por elDiario.es ha señalado que la política de materias primas de la Unión "carece de una base completa" y es "insuficiente" para garantizar el suministro necesario de cara a 2030, concluyendo que los "objetivos de reducción de emisiones" y despliegue renovable se encuentran en entredicho ante la falta de materiales propios.

La nueva directriz, que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre sin carácter retroactivo, obliga a los Estados miembros a buscar proveedores alternativos en Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Mientras Bruselas endurece las condiciones para la inversión extranjera, la Ley de Ciberseguridad de la UE proporcionará el marco jurídico para consolidar estas prohibiciones en el mercado de la energía de nueva generación.

Esta transferencia de prioridades hacia proveedores occidentales se sitúa, a su vez, en la creciente confrontación geopolítica y la fractura de las cadenas de suministro mundiales por las políticas proteccionistas contra la competitividad china, afectando directamente a los proyectos de la llamada "transición ecológica" financiados con recursos públicos europeos. Bruselas ha confirmado que este es solo un "primer paso".